Monreal: es necesario ajustar estrategia; no se busca un enfrentamiento con el Ejecutivo; se convocará a especialistas
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana el Senado comenzará el análisis de la estrategia de seguridad, porque es necesario hacerle ajustes, basados en “golpes de precisión” que debiliten a las organizaciones criminales.
Precisó que serán los senadores de todas las fuerzas políticas quienes comiencen con el análisis, para después convocar a diversos sectores como los empresarios y los religiosos; organizaciones sociales; colectivos de víctimas y especialistas, así como a los responsables de la seguridad pública en el país.
Interrogado sobre la utilidad de este análisis, si el Presidente ya dejó en claro que no cambiará la política de seguridad, Ricardo Monreal explicó que el Senado no busca confrontarse con el Presidente y es posible analizar alternativas que permitan golpes de precisión.
«Aunque la materia de seguridad pública es una materia del Ejecutivo Federal, el Senado analiza y aprueba el Plan Nacional de Seguridad Publica, en materia de Guardia Nacional. No queremos confrontación. No deseamos de ninguna manera que esto se entienda como un guiño contrario al Ejecutivo Federal.
«Lo que nosotros estamos planteando es colaborar con el Ejecutivo Federal para mejorar este servicio público fundamental, que es la seguridad pública; y varios senadores me lo han planteado, y creo que dialogar sobre este tema clave no es ajeno a nuestra responsabilidad. Incluso podrá participar quizá la sociedad civil, el Episcopado mexicano también ha hecho un llamado, y la academia y los investigadores también lo han hecho”, explicó.
En entrevista, destacó que “todos coincidimos en cómo aportar para mejorar, no cómo destruir sino cómo aportar ideas, propuestas para mejorar el servicio público, porque es un servicio público el de la seguridad.
Es un fin del Estado primordial el garantizar no sólo la seguridad de las personas sino también en las posesiones y propiedades de los ciudadanos libres de este país.
«Enfocado más a la seguridad humana, al fin humanitario, a evitar que se dañe a la persona en su integridad, que no sea presa de la extorsión, del secuestro, del homicidio, del robo, de la agresión de grupos al margen de la ley.
Eso es lo que intentamos hacer y de ninguna manera renunciar a nuestra obligación constitucional”, dijo.
Aclaró que “no es un asunto que deba aprovecharse y sacarse raja política ni politizar separa efecto de llevarse agua a su molino; ese no es el problema. Si lo vemos desde ese punto o esa óptica facciosa y parcial, no va a funcionar.”
ES UN RIESGO PERMITIR LIBRE PORTACIÓN DE ARMAS: UNZUETA
La reforma que la dirigencia del PRI propone a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no tiene antecedentes en los últimos 22 años en la vida del Congreso mexicano, donde las iniciativas en la materia han ido en sentido contrario al relajamiento.
Así lo planteó la asesora parlamentaria Victoria Unzueta Reyes, especialista en seguridad, al advertir que la regulación en favor de portar armas para defensa propia debe tomar en cuenta que en México existen 13 millones de éstas sin registro oficial.
Alertó, en entrevista con Excélsior, que una iniciativa de esa naturaleza “constituye la renuncia del Estado para brindar la protección y seguridad” y un riesgo para que se disparen los feminicidios y la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
«Aun y cuando en el espectro político se hubieran hecho declaraciones respecto a facilitar el acceso a las armas, esto no se ha visto reflejado en las propuestas legislativas, por lo menos del año 2000 hasta la actualidad. Al contrario, las propuestas legislativas han tendido hacia una mayor regulación de la posesión de armas y no hacia el relajamiento”, afirmó.
Asesora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Unzueta Reyes explicó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos data de 1972 y que ha experimentado 9 reformas: 4 antes del año 2000 y 5 después.
Con una tesis de doctorado sobre la construcción del sistema de justicia militar, la experta señaló que, a pesar de la existencia de muchos problemas relacionados con esta materia, dicho ordenamiento no ha sido constantemente reformado. “Eso obedece, particularmente, al férreo control de la legislación que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las Comisiones en ambas Cámaras del Congreso”, describió.
Respecto de las iniciativas que se había presentado hasta ahora, Unzueta Reyes consideró importante precisar que la mayor parte de las propuestas de diputados haN sido sobre el uso de armas cinegéticas, es decir las autorizadas para la cacería; así como en torno a la regulación de las licencias colectivas para cuerpos de seguridad pública, y la elevación de la sanción de la portación ilegal de armas y la pirotecnia.
MORENA Y PAN NO VAN CON ALITO
Quedó muerta la propuesta del presidente del PRI, Alejandro Moreno, Alito, para permitir que los ciudadanos tengan armas de alto calibre para defenderse del crimen organizado, porque los coordinadores de Morena y del PAN en el Senado dejaron en claro que no la respaldarán.
«Nunca ha funcionado eso; no creo que sea la mejor opción. Respeto la opinión del presidente del PRI, pero establecer leyes que permita armarse a los ciudadanos es el inicio del caos y yo no podría aceptarlo”, dijo Ricardo Monreal, de Morena.
Añadió que “lo que tenemos que hacer es tener mayor cuidado, mayor eficacia de los órganos que legítimamente están facultados para combatir la delincuencia y el crimen. El Estado tiene una obligación y un fin primordial, que es el de otorgar seguridad pública a las personas, a sus bienes, a sus propiedades.
Por su parte, Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, explicó que es necesario conocer a detalle la propuesta, pero adelantó que “no puedo, realmente no podría yo pensar en que la pudiera avalar primero hasta que no la conozcamos, no la conocemos”.
Resaltó que “no la apoyaríamos, ¿por qué?; porque el monopolio de la fuerza lo tiene que ejercer el gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, punto, entonces no tiene por qué tener que haber una población armada”.
Fuente: Excélsior
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