China relaja las normas de su estrategia Cero COVID

Las nuevas normas de China implican confinamientos menos estrictos para personas con síntomas leves y en residencias.

China relajó este miércoles las normas de aislamiento de personas con COVID-19 y retiró los requisitos de pruebas diagnósticas en algunos espacios públicos, en un drástico cambio de la estrategia que confinó a millones de personas a sus hogares y provocó protestas y peticiones de renuncia del presidente, Xi Jinping.

China ha impuesto algunas de las normas más estrictas del mundo contra el coronavirus, que han interferido con la industria comercial y manufacturera global y con la vida cotidiana de chinas y chinos de a pie, mientras muchos países optaban por tratar de vivir con el virus.

El anuncio de la Comisión Nacional de Salud era el segundo alivio de las normas tras el cambio del 11 de noviembre, que avivó la esperanza de que el Partido Comunista, que gobierna el país, abandonara su estrategia de Cero COVID”. Sin embargo, los expertos señalaron que aún hay que vacunar a millones de adultos mayores y las restricciones no podrían eliminarse por completo hasta mediados de 2023 o incluso más tarde.

Además, la baja tasa de contagios en China también implica que poca gente ha desarrollado inmunidad natural, un factor que podría retrasar los planes de reapertura si se disparan los casos y las autoridades se sienten obligadas a recuperar restricciones.

La retirada encajaba con las promesas de reducir el coste humano del Cero COVID, con los cambios anunciados antes de las protestas, como cuarentenas más cortas para los viajeros llegados del extranjero. Los últimos ajustes recibieron una amplia cobertura, un posible intento de aplacar el descontento, pero no estaba claro si eran una respuesta a las protestas.

Con las nuevas normas, las personas con síntomas leves podrán aislarse en su casa en lugar de en centros de cuarentena en ocasiones abarrotados e insalubres. Eso resolvía una importante fuente de indignación que impulsó las protestas.

Salvo por “lugares especiales” como escuelas, hospitales y residencias de ancianos, los espacio públicos ya no pedirán a los visitantes que presenten un “código de salud” en una app que registra las pruebas médicas de los usuarios y si han estado en zonas consideradas como de alto riesgo de contagio, señaló el gobierno.

Las autoridades locales deben “tomar medidas estrictas y detalladas para proteger la vida, la seguridad y la salud de la gente”, pero al mismo tiempo “minimizar el impacto de la epidemia sobre la economía y el desarrollo social”, afirmó el comunicado.

Las novedades son “pequeños pasos” en un proceso gradual con vistas a eliminar las restricciones, dijo en una conferencia de prensa Liang Wannian, miembro de un comité de expertos que asesora a la Comisión Nacional de Salud.

“Lo seguiremos, estudiaremos y juzgaremos, y analizaremos de nuevo”, dijo Liang, uno de los mayores expertos del país en epidemiología.

El objetivo del gobierno, añadió, es “regresar al estado de antes de la pandemia, pero el cumplimiento de ese objetivo debe tener condiciones”.

Las restricciones en China han ayudado a mantener bajas las cifras de contagios, pero la frustración del público va en aumento conforme millones de personas se veían sujetas a sucesivos confinamientos de duración indeterminada, cierres repentinos de escuelas y un crecimiento económico en declive.

Los cambios se han introducido pese a un nuevo aumento de los contagios iniciado en octubre. El gobierno reportó este miércoles 25 mil 231 casos nuevos, 20 mil 912 de ellos asintomáticos.

El gobierno de Xi Jingping ha defendido su política de erradicar el COVID-19 como superior a la estrategia empleada en Estados Unidos y otros países occidentales. La cifra oficial de muertos por el coronavirus en China es de 5 mil 235 personas desde el inicio de la pandemia, frente a los 1.1 millones de fallecidos en Estados Unidos.

No había indicios de que Beijing hubiera renunciado a su objetivo de tratar de eliminar los contagios del virus, que ha matado al menos a 6.6 millones de personas en todo el mundo.

China es el último país grande que aún trata de conseguirlo, mientras que otros gobiernos han relajado las limitaciones de desplazamiento y otras medidas.

Un viceministro, Sun Chunlan, dijo la semana pasada que las nuevas variantes del virus son menos propensas a causar enfermedad. Eso sugería que el gobierno podría estar preparándose para declarar el COVID-19 como una enfermedad menos grave, lo que implicaría una gestión menos drástica, pero no hay confirmación al respecto.

El gobierno anunció la semana pasada planes para vacunar a millones de ancianos, algo que según especialistas debe hacerse antes de que China pueda abandonar las restricciones a visitantes llegados del extranjero. Los expertos también creen que el gobierno debería reforzar la red de hospitales para lidiar con posibles picos de contagios.

Se han mantenido normas que podrían aislar edificios de oficinas y departamentos si se detectan contagios. Las quejas de que las familias se ven confinadas durante semanas sin acceso garantizado a alimentos y medicina fueron un motor clave de las protestas.

El partido en el gobierno cambió este año las directrices para cortar el acceso a barrios o distritos donde se detectaban casos, en lugar de cerrar ciudades enteras. Este miércoles se anunció un protocolo más específico que limitará los confinamientos a pisos y edificios concretos, en lugar de distritos y vecindarios enteros.

Las escuelas en comunidades sin brotes deben reanudar las clases presenciales.

Eso parecía responder a quejas de que los administradores locales, amenazados con perder su puesto en caso de brotes, imponían cierres destructivos, quizá innecesarios y que se excedían de lo contemplado por el gobierno central.

Las manifestaciones en al menos ocho grandes ciudades y docenas de universidades fueron la mayor muestra de disidencia pública registrada en varias décadas en China. En Shanghái, algunos inconformes gritaron la arriesgada demanda de que Xi, el líder chino más influyente en décadas, renunciara al cargo.

Fuente: El Financiero