Corte Suprema de EU examina plan de Biden para reducir la deuda estudiantil

La deuda total asciende a los 1.6 billones de dólares; sus detractores republicanos lo consideran un abuso de poder de altísimo coste.

La Corte Suprema de Estados Unidos examina este martes una medida de Joe Biden para anular parte de la colosal deuda estudiantil, un asunto con grandes implicaciones económicas y de alto riesgo para el presidente demócrata. Los nueve magistrados interrogarán a los representantes de la administración que quieren aligerar las deudas contraídas por millones de estudiantes. Sus detractores lo consideran un abuso de poder de altísimo coste.

La sentencia, que se espera antes del 30 de junio, tendrá un impacto directo en las finanzas de los exestudiantes. Pero la corte, de mayoría conservadora, podría aprovechar para limitar el margen de maniobra del presidente Biden. Casi 43 millones de estadunidenses tienen que reembolsar préstamos estudiantiles federales por un monto total de 1.6 billones de dólares.

Al comienzo de la pandemia, el gobierno del presidente republicano Donald Trump suspendió el reembolso de esos créditos debido a la parálisis económica. Lo hizo gracias a una ley de 2003 que permite «aliviar» a los tenedores de deuda estudiantil en caso de «emergencia nacional». La medida ha seguido vigente hasta ahora.

A finales de agosto, el presidente Biden, que se describe como un defensor de los obreros y la clase media, quiso dar un paso más y anunció que condonaría 10 mil dólares a aquellos que ganen menos de 125 mil dólares al año, y 20 mil dólares a los antiguos becarios. Como era de esperarse no faltaron candidatos. La Casa Blanca contabiliza 26 millones de solicitudes, lo que equivale a una factura total para el Estado de 400 mil millones de dólares.

La justicia bloqueó la aplicación de la medida después de ser denunciada por una coalición de estados republicanos, pero también por dos estudiantes que no pueden acogerse al descuento de 20.000 dólares.

Acusan a la administración demócrata de haberse excedido en sus facultades con el pretexto de la pandemia y de haber destinado dinero de los contribuyentes sin consultar al Congreso. Alegan que la ley de 2003 prevé el posible congelamiento de la deuda, no su cancelación.

«Una vez más la Corte debe impedir que la administración invoque ilegalmente el covid-19 para afirmar un poder más allá de lo que el Congreso podría haber concebido», escribe el estado de Nebraska y sus aliados en argumentos enviados a la audiencia.

«Estamos seguros de que tenemos la autoridad legal» para actuar, respondió este lunes en rueda de prensa la vocer de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordando que el objetivo final del programa es «dar un respiro a decenas de millones de estadunidenses en todo el país».

Pero la Corte ha infligido varios reveses a la administración demócrata, invalidando las medidas tomadas para bloquear los desalojos de alquileres durante la pandemia o para obligar a ciertas poblaciones a vacunarse. En un intento por evitar un nuevo desaire, el gobierno demócrata alega que los demandantes no tienen derecho a emprender acciones legales porque «no sufrieron ningún perjuicio».

Pide a la Corte que desestime la demanda, sin pronunciarse sobre el fondo. Otras voces hostiles a un poder central fuerte esperan que el templo de la ley estadunidense aproveche este asunto para cortarle las alas al gobierno federal.

«Este caso ofrece una oportunidad pertinente para fortalecer las barreras constitucionales que impiden que las agencias administrativas y los departamentos del ejecutivo ejerzan funciones legislativas», escribió al tribunal la Cámara de Comercio, una organización de empresarios, pidiéndole que insista en que «no pueden tomar una decisión política importante sin la autorización expresa del Congreso».

El alto tribunal utilizó esta «doctrina» en junio pasado para limitar los poderes de la Agencia de Protección Ambiental en su lucha contra el calentamiento global. Si la refuerza, el gobierno podría verse incapaz de actuar en temas importantes en un momento en el que el propio Congreso está paralizado por divisiones partidistas.

Fuente: Excélsior