Delitos cometidos por servidores públicos aumentaron en 2022

Quintana Roo es el primer estado a nivel nacional en tener un programa de anticorrupción.

Con mil 716 carpetas de investigación abiertas en escritorios de la Fiscalía General del Estado (FGE) por delitos cometidos por servidores públicos en los últimos tres años, Raúl Cazares Urban, presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo rindió su informe anual de actividades 2022-2023 en Chetumal.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue precisamente el año pasado (2022) cuando se denunció el mayor número de esta clase de delitos, con 594 hechos; en 2021 fueron 591 y en 2020 la FGE abrió 531 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos.

Raúl Cazares Urban destacó que Quintana Roo es el primer estado a nivel nacional en tener un programa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción.

Señaló que ahora todos los entes públicos tienen que arropar y apropiarse la política pública e implementarla, sino serán responsables de lo que vendrá en 2023, que es la Política Estatal Anticorrupción.

Precisó que esta política está diseñada para implementar de 2020 a 2030, por lo que se tienen todos los elementos para poder decir en el 2023 que se ha luchado contra la corrupción.

Indicó que la política anticorrupción está diseñada a 10 años, y en el 2024 y 2023 se tiene que evaluar sus resultados y configurarla en caso de ser necesario.

“Uno de los grandes pendientes es la apropiación profunda e integral de los instrumentos de política pública de manera mucho más explícita por parte de todos los entes públicos, se necesita multiplicar esfuerzos estratégicos y coordinados para tener mejores resultados”.

Retos del Sistema Anticorrupción del Estado

Añadió que se tienen cuatro grandes retos en el Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo:

1. La apropiación definitiva de los instrumentos de política pública por parte de los tres poderes, los órganos autónomos y los 11 municipios.

2. La consolidación del Comité Coordinador como un colectivo público que se compromete proactiva y ejemplarmente con el Sistema Estatal Anticorrupción

3. El fortalecimiento institucional de las instancias del Sistema Estatal Anticorrupción y aquellas que tienen atribuciones relacionadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

4. Asegurar que los nombramientos y las designaciones públicas de las personas que toman decisiones en los entes públicos garanticen independencia, autonomía e imparcialidad.

Tras el informe de Raúl Cazares Urban, se procedió a la toma de protesta de Mariana Belló como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

Fuente: Novedades Quintana Roo