Diputados van contra los ‘montadeudas’: proponen esta nueva pena en prisión

La propuesta también que las instituciones de crédito no puedan pedir datos como contactos, fotografías y videos.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, para poner freno a las extorsiones de empresas financieras a través de los llamados ‘montadeudas’.

Con cambios y adiciones a los artículos 111 bis y 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, se busca frenar a las empresas de servicios financieros que “se ensañan con la población más necesitada, que operan ofreciendo préstamos que, en apariencia, tienden a contratarse de manera exprés y con pocos requisitos, a través de aplicaciones digitales”.

No obstante, estas empresas “en realidad aprovecha la urgencia económica de las familias para cobrar tasa de interés desproporcionada; exigen pagos por adelantado, de manera que en pocas semanas un préstamo de 10 o 20 mil pesos, se convierte en impagable y en una sangría para el patrimonio de las familias”, señala el dictamen.

¿Cómo se trabajará contra los ‘montadeudas’?

Los diputados aprobaron el dictamen con 32 votos, tres abstenciones y cero en contra.

Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, precisó que el objeto es prohibir a las instituciones de crédito que soliciten información privada de los usuarios, tales como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales, ya sean teléfonos celulares, tabletas y computadoras de los clientes.

Agregó que se incrementa la pena a nueve años de prisión cuando la conducta se realice a través de aplicaciones que ofrezcan servicios financieros, operadoras de pago, plataformas de servicios digitales, redes sociales o servicios por internet.

Lo anterior, puntualizó, con el fin de brindar mayor seguridad a las y los usuarios de los servicios de financiamiento a través de las aplicaciones o páginas de internet y evitar que sean presas de actos delictivos.

El diputado Jericó Abramo Masso, del PRI, señaló que esto es producto de una demanda colectiva social a raíz de más de 500 mil fraudes detectados por diferentes instituciones de gobierno, asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil.

“Esta iniciativa evitará que millones de familias caigan en las garras de estos agiotistas disfrazados de empresas y que son entes ilícitos que se dedican, bajo el idioma financiero, a prestar dinero con altas condiciones de crédito de casi 250 por ciento de interés anual”, afirmó.

El diputado Carol Antonio Altamirano, de Morena, agregó que se apoyará el dictamen, porque busca combatir uno de los abusos que afecta a miles de familias en el país y porque de ninguna manera “debemos permanecer de brazos cruzados ante la acción de personas y empresas que realmente son extorsionadoras que se ensañan con la población más necesitada”.

Fuentes: El Financiero.