AMLO envía reforma para sancionar uso de drones por parte de la delincuencia organizada

La iniciativa establece que se sancionará hasta con 30 años de prisión a quienes utilicen estas aeronaves con fines ilícitos, lo mismo para transportar explosivos que para labores de halconeo

Ante el aumento del uso de drones con fines delincuenciales por parte de la delincuencia organizada, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió hoy a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa que sanciona hasta con 30 años de prisión a quienes utilicen estas aeronaves con fines ilícitos, lo mismo para transportar explosivos que para labores de halconeo.

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria establece reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, al determinarse que los drones o aeronaves piloteadas a distancia utilizados por la delincuencia en contra de la población, de bienes o servicios, están causando alarma y terror contra la población para atentar contra la seguridad nacional.

Se propone de 10 a 20 años de cárcel a quien mediante drones arroje cualquier artefacto explosivo improvisado o armas, así como sustancias químicas sobre personas o bienes. Cuando la persona afectada pertenezca a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena aumentará hasta en una mitad, es decir 30 años de prisión.

La pena será de 3 a 10 años para los delincuentes que utilicen drones para grabar o tomar fotografías por medio de drones para conocer la ubicación de servidores públicos. Esta pena será al margen de otras que resulten por la comisión de delitos.

El documento recibido por el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel y turnado a comisiones para su análisis, establece de 3 a 20 años de cárcel a los delincuentes que se apoderen con violencia y amenazas de instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima, así como de una aeronave, tren, autobús o cualquier otro medio de transporte público o colectivo o los haga desviar de su ruta.

Cuando quien cometa estos delitos sea un servidor público, además de la destitución se le inhabilitará por 10 años. Si pertenece a las Fuerzas Armadas será baja definitiva.

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Fuente: El Universal/Luis Rodríguez