Quintana Roo busca inhibir turismo sexual infantil en plataformas de hospedaje

A partir de 2024, los negocios turísticos que no estén dados de alta ante del Retur-q serán objeto de multas y sanciones.

Cancún, QRoo.- Se presentó ante el Congreso de Quintana Roo una iniciativa para obligar a las plataformas de alojamiento tipo Airbnb a elaborar registros sobre el parentesco entre sus huéspedes, específicamente entre adultos y los menores que los acompañen.

El objetivo es inhibir el turismo sexual infantil en estas plataformas de alojamiento, según se explica en la iniciativa presentada por el diputado local Hugo Alday.

La iniciativa prevé que quienes incumplan con esta nueva exigencia se harán acreedores a multas de entre 12,000 a 105,000 pesos, además de perder el permiso para continuar operando en la entidad bajo esta modalidad de alojamiento en viviendas particulares.

El sector hotelero aplaudió esta iniciativa para blindar el alojamiento y evitar el turismo sexual a través de estas plataformas digitales, además de ser una forma de equilibrar los requisitos que deben cumplir la hotelería tradicional respecto de las nuevas alternativas de hospedaje.

“Las plataformas ofrecen alojamiento y no tiene un control de las personas que llegan, y no se cuenta con personal dado de alta y salida, lo que causa un descontrol que da pie a esta situación”, explicó Toni Chaves, presidente de los hoteleros de la Riviera Maya.

Reconoció que el alojamiento en viviendas privadas es una tendencia, es ya una realidad irreversible, por lo que es necesario que se reglamenten tanto para eliminar vicios como el turismo sexual, así como para cumplir con la misma normatividad que debe cumplir la hotelería tradicional.

En Quintana Roo las plataformas Airbnb pagan ya el IVA y el impuesto al hospedaje a una tasa de 6%, además de que a partir de este año tienen que estar dados de alta ante del Registro de Turismo de Quintana Roo (Retur-q).

A partir de 2024, los negocios turísticos que no estén dados de alta ante del Retur-q serán objeto de multas.

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Fuente: El Economista/Jesús Vázquez