Las presiones de AMLO para limitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son apenas el inicio de una afrenta que se prevé más larga entre el Ejecutivo y el Judicial.
El conflicto entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba anunciado desde que se eligió a la Ministra Norma Piña como presidenta del máximo tribunal del país.
Su expresión más inmediata ha sido la decisión del Poder Legislativo, controlado por Morena, de cancelar la mayoría de los fideicomisos del Poder Judicial, es decir, de la Corte, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que implica poco más de 15 mil millones de pesos. Pero, para entender la coyuntura de este conflicto, hay que hacer un poco de historia.
En México, por muchos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo completamente supeditada al Presidente de la República. Pasaba lo mismo con el Congreso de la Unión y con los gobernadores de los estados. El carácter presidencialista del sistema mexicano era extremo. Nada pasaba en el país sin la voluntad del Presidente de la República, se decía entonces.
Pero en la década de los 90 del siglo pasado, las cosas empezaron a cambiar. La elección presidencial de 1988, en la que Salinas de Gortari ganó con poco más del 50 por ciento de los votos, fue el punto de quiebre con la aparición de un fuerte impulso democratizador que encabezaron en primera instancia Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier. Sin embargo, el cambio más visible se presentó hasta el siguiente sexenio.
En las elecciones legislativas de medio término, en 1997, el PRI —por primera ocasión en la historia—, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Pocos años antes, un partido de oposición, el PAN, ganaba por primera vez una gubernatura, la de Baja California, y Cuauhtémoc Cárdenas se convertía, en 1997, en el primer Jefe de Gobierno electo en la capital del país.
El sexenio encabezado por el Presidente Ernesto Zedillo, a partir de 1994, también trajo consigo un cambio profundo en la Suprema Corte de Justicia, el cual se operó en 1995.
Se estableció un Poder Judicial caracterizado por una Corte con un pleno de 11 Ministros, dos salas, y un Consejo de la Judicatura que se encargaba de la administración de la justicia en juzgados y tribunales, mientras la Corte atendía los temas constitucionales.
Vicente Aguinaco se convirtió en el primer presidente de la nueva Corte, la que se convertía en una pieza articuladora de la modernización institucional del Presidente Zedillo.
La alternancia del poder presidencial que se presentó por primera vez en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox, permitió que el principio de la división de poderes realmente empezara a funcionar en México, con un Congreso que no controlaba el partido del Presidente y una Corte con una composición que garantizaba un criterio autónomo y no estaba a la orden del Ejecutivo.
El modelo de designación de ministros y magistrados que eran propuestos por el Presidente de la República, pero ratificados por una mayoría calificada del Senado, garantizaba que hubiera un equilibrio en la composición del máximo tribunal.
Además, el hecho de que hubiera una sucesión escalonada de los ministros y una elección del presidente de la Corte realizada por sus pares, garantizaba un funcionamiento independiente del Poder Judicial.
Las cosas cambiaron, sin embargo, en 2018. El diseño del sistema político mexicano implícitamente no consideraba la existencia de mayorías absolutas en el Congreso y menos aún de mayorías calificadas. El hecho de que el partido del Presidente López Obrador y sus aliados obtuvieran la mayoría absoluta de las dos cámaras del Congreso así como la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, cambió la lógica de la división de poderes.
López Obrador creó la narrativa de que encabezaba la Cuarta Transformación de la vida nacional (4T), lo que llevaba al rediseño institucional del Estado.
De hecho, se vio como opositores de la 4T a todos aquellos órganos que restaran autoridad al Presidente de la República, entre ellos, una Corte con autonomía.
Aunque en el Senado, la Cámara que ratificaba los nombramientos de los ministros, Morena no tuviera la mayoría calificada, la habilidad negociadora de Ricardo Monreal, permitió sacar adelante los nombramientos deseados por AMLO.
Por el propio calendario de la Corte, el Presidente tendría la posibilidad de proponer tres Ministros de los 11 que componen al Tribunal. Sin embargo, renunció a su cargo el Ministro Eduardo Medina Mora, probablemente por presiones del Ejecutivo, por lo que tuvo la posibilidad de designar a cuatro.
Pero, además, el presidente de la Corte a partir de 2019, Arturo Zaldívar, tenía gran cercanía con López Obrador.
Contar con cinco Ministros aseguraba a López Obrador que las reformas legales que fueran planteadas quedaran blindadas de reclamos por probable inconstitucionalidad, ya que, para declararla, sería necesario el voto de 8 Ministros, lo que ya no sería posible si AMLO tenía de su lado cinco.
La estrategia política de López Obrador, sin embargo, fracasó. Dos de los Ministros que él mismo propuso: Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, tuvieron independencia de criterio y resistieron las presiones ejercidas por la 4T
De este modo, resultó que los Ministros que usualmente votaban favorablemente las propuestas del Presidente eran solo tres. Así que se fue configurando un bloque en la Corte que rechazaba las propuestas presidenciales cuando se consideraban violatorias de la Constitución.
En 2023, además, resultó electa presidenta de la Corte la Ministra Norma Piña, quien asumió una postura firme de defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial. Ante la falla de su estrategia, AMLO buscó arrinconar a la Corte a través de los recortes presupuestales realizados por la Cámara de Diputados, bajo el control de Morena.
Sin embargo, los partidos opositores han diseñado una estrategia para emprender una Acción de Inconstitucionalidad en caso de que proceda el recorte. Dicha acción tendría que ser resuelta por la propia Corte, lo que permite anticipar que no se ejecutará el recorte.
Bajo este escenario, lo más probable es que Andrés Manuel López Obrador intensifique su campaña en contra del Poder Judicial. La resistencia al recorte presupuestal o a la desaparición de los fideicomisos será utilizada por el Presidente de la República como un vehículo para desacreditar a la Suprema Corte, a la cual va a acusar de defender sus intereses económicos y no el interés del pueblo.
En realidad, el choque entre dos poderes del Estado, que ahora estamos viendo en México, apenas comienza.
Fuente: El Financiero
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