Ex dueño de Venados será detenido al ser señalado de abuso de confianza

Fue declarado ayer sustraído a la acción de la justicia y deberá ser detenido en cualquier momento.

El empresario, impulsor del Coliseo Yucatán y ex dueño de Venados de Yucatán, Arturo M. R. fue declarado ayer sustraído a la acción de la justicia y deberá ser detenido en cualquier momento, al no poder aplazar más la audiencia intermedia y de revisión de medidas cautelares para responder por el delito de abuso de confianza equiparado, por una demanda de más de 117 millones de pesos al incumplir con la entrega de inmuebles o devolver el dinero a un grupo de inversionistas yucatecos.

El pasado jueves 25 de abril, el Juez de Control, José Enrique Sáenz Dzul, quien aplazó las audiencias en 3 ocasiones, fue sustituido por la Juez, Silvia Pamela Cetina Bautista.

Cabe mencionar, que el empresario también fue condenado en junio de 2022 por el Tribunal Primero de Enjuiciamiento a pagar 2.8 millones de dólares y a la pena de supuestos 4 años de prisión.

De hecho, Arturo M. R. nunca ha sido privado de su libertad porque la sanción corporal no rebasó los 4 años y 1 día.

A raíz que no ha pagado los 2.8 millones de dólares, se tuvo que embargar todas sus empresas constructoras e inmuebles, para garantizar la devolución del dinero mal habido y por eso ha buscado evadir su responsabilidad.

Evade presentarse ante el juez

Sobre el nuevo caso contra el empresario, el Juez Sáenz Dzul aplazó, en febrero pasado, la primera audiencia, porque, supuestamente, Arturo M. R. estaba mal de salud y presentó un certificado médico de un galeno estadunidense, que le recomendaba dos meses de reposo.

La segunda vez que se prorrogó la audiencia fue el 11 de marzo, con el cambio de sus defensores y se reprogramó la audiencia para el 13 de marzo, sólo que el empresario, de nuevo expuso que estaba impedido por problemas de salud y su médico le mandó reposo de 8 días.

Para el 9 de abril se fijó la nueva fecha, que no le importó a Arturo, porque envió un escrito para decir que el 8 de abril tendría que ir a la Ciudad de México para una valoración médica de un cirujano del “Hospital Ángeles del Pedregal”, porque tenía una angina de pecho inestable y radiculopatía lubosacra de predominio izquierdo, y que por eso tenía que guardar reposo, ya que corría peligro su vida.

Asimismo, también nombró a un nuevo abogado defensor, sin que manifieste si iba a sustituir a los anteriores o iban a trabajar en conjunto. Esa petición fue negada, pues ni siquiera proporcionó domicilio, teléfono o algún medio electrónico para ser notificado el licenciado que refirió. Aún así, Sáenz Dzul programó otra audiencia para el 30 de abril.

Sin embargo, saltó la duda porque el galeno que firmó el citado dictamen, no presentó exámenes médicos como prueba de resistencia o de perdido un electrocardiograma. Incluso, se estableció que el empresario presentó un examen médico de un supuesto galeno de Florida, Estado Unidos, que le diagnosticó la angina de pecho, pero, al final, después de investigar, salió a relucir que era un oftalmólogo.

Por tal motivo, los abogados de los afectados presentaron un recurso de revocación ante el Poder Judicial del Estado, indicado que era ilógico que con una afección cardíaca tome un vuelo hacia la Ciudad de México y señalaron que era evidente que estaba recibiendo la ayuda de parte del Juez.

Los magistrados, por tal motivo, cambiaron la fecha de la audiencia para el 25 de abril y también ordenaron la sustitución de Juez, entrando en relevo de Sáenz Dzul, la abogada Cetina Bautista.

Al parecer, lo que buscaba el empresario es no acudir a las audiencias, porque puede ser detenido por la primera condena, que también ha evadido. Por último, durante la audiencia del pasado jueves, la Juez Cetina Bautista pidió al abogado del empresario que se comunicara, vía celular, con él, para que aclare estos hechos, pero éste se negó y quedó demostrado que sólo ha buscado retrasar el proceso.

Inversionistas afectados

Los inversionistas afectados, José Luis, Daniel Florentino y Aurelio Ernesto R. R., al igual que José Antonio C. B., Manuel Tomás M. F., Alfredo R. M. y Guillermo Andrés W. M., señalaron que, debido a la confianza que existía entre ellos, derivada de diversas operaciones comerciales de compra y venta de terrenos en las que intervinieron con anterioridad, los querellantes le entregaron 117 millones 810 mil pesos en calidad de depósito para que gestione a su favor la escrituración de varios inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo y en el catastro de Isla Mujeres.

Esto quedó asentado en un documento el 24 de septiembre de 2013, firmado por el imputado y ratificado en todas sus partes por éste el 9 de diciembre de 2013 ante el abogado Fernando A. Castilla Patrón, titular de la Notaría Pública Número Setenta del Estado.

Y es que en el mismo documento quedó establecido que, antes del 24 de enero del año 2014, en rendición de cuentas por la cantidad que le fue entregada, quedaría escriturado a favor de los querellantes los inmuebles o les reembolsaría la totalidad del dinero dado para tal fin, obligándose a no disponer de dichas cantidades para fines diversos a los pactados, pero no cumplió.

Pero hasta el presente no les ha dado las escrituras de los inmuebles ni les ha reembolsado el dinero que le entregaron, a pesar de que ya fue requerido por la vía judicial para ese efecto, en el expediente 755/2014 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria que promovieron los agraviados, a fin de requerirle respecto de su gestión.

Fuente: Novedades Yucatán