Reforma judicial pone ‘nerviosos’ a congresistas de EU: ¿Quiénes piden revisar los planes de AMLO?

Legisladores estadounidenses pidieron garantías de que las reformas propuestas por el presidente López Obrador no afectarán al T-MEC.

La posible aprobación de la reforma judicial en el Senado y los efectos que esta tendría en la relación comercial con Estados Unidos ha causado nerviosismo en un grupo de congresistas estadounidenses, quienes enviaron una carta advirtiendo de los riesgos jurídicos que podrían devenir de los cambios planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un total de 10 legisladores se dirigieron a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, para expresarle su “preocupación por varias reformas constitucionales que se encuentran bajo consideración en el Congreso de México”, principalmente aquellas que podrían comprometer los acuerdos alcanzados en el marco del T-MEC.

En dicha carta, los congresistas expresaron inquietudes con respecto a las propuestas relacionadas con electricidad, minería, maíz genéticamente modificado y la desaparición de órganos autónomos, los cuales, apuntaron, “parecen comprometer el acceso de los inversionistas de Estados Unidos a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”.

En ese sentido, instaron al gobierno estadounidense a comunicarse con el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el Congreso mexicano para garantizar que las reformas que se aprueben no entren en conflicto con las obligaciones en virtud del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Mientras nos preparamos para la revisión del T-MEC en 2026, es imperativo que cada país socio respete la integridad del acuerdo. Cualquier acción que contravenga las obligaciones del T-MEC creará dudas significativas sobre el compromiso con nuestros objetivos compartidos e inevitablemente dificultará el proceso de revisión”, advirtieron.

Entre sus preocupaciones, señalaron los esfuerzos del gobierno mexicano por prohibir o limitar ciertos métodos de extracción, la restricción a la exploración de litio, a las operaciones y permisos de electricidad, así como las limitaciones a las importaciones de maíz genéticamente modificado y la abolición de organismos reguladores independientes.

“Esas políticas socavarían la competitividad de América del Norte y crearían un entorno desafiante para las empresas relevantes que buscan operar bajo las reglas del T-MEC”, anotaron.

¿Quiénes son los congresistas de EU que firmaron la carta?

En su columna titulada Las reformas y el conflicto con el T-MEC, el periodista y editor de El Financiero, Víctor Piz, señala que la carta fue dada a conocer por la oficina del representante Adrian Smith, quien preside el Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos o Ways and Means de la Cámara de Representantes.

“Nueve de los 10 firmantes son miembros de ese influyente comité del Congreso estadounidense, responsable de supervisar el cumplimiento de la legislación de implementación del T-MEC”, indicó.

Los firmantes incluyen a los legisladores:

• Ron Estes (republicano por Kansas)
• Jim Costa (demócrata por California)
• Greg Stanton (demócrata por Arizona)
• Jodey Arrington (republicano por Texas)
• Beth Van Duyne (republicana por Texas)
• Mike Carey (republicano por Ohio)
• Michelle Steel (republicano por California)
• Claudia Tenney (republicana por Nueva York)
• David Schweikert (republicano por Arizona)

En la carta, los legisladores también solicitaron una reunión informativa para el personal del Congreso sobre la participación de la Representante Comercial de Estados Unidos y una respuesta por escrito a una lista de preguntas planteadas en el documento antes del 20 de septiembre.

Entre los cuestionamientos, piden saber cuál es la posición de la administración Biden-Harris sobre las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador, incluyendo la reforma judicial, así como el impacto que estas tendrían sobre las empresas e inversiones estadounidenses.

Además, exigen conocer si existe una estrategia a largo plazo “para proteger marcos regulatorios confiables e imparciales y el acceso al mercado para las industrias estadounidenses, en caso de que se promulguen estas reformas”.

Fuentes: El Financiero.