ONU denuncia crímenes de lesa humanidad contra estudiantes y docentes en Nicaragua

Un informe de la ONU sostiene que el Gobierno de Nicaragua ataca a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada

El Gobierno de Nicaragua ataca de manera sistemática al sector universitario del país como parte de su campaña represiva dirigida a suprimir la disidencia, denuncia un nuevo informe de expertos de la ONU que añade que algunos de estos ataques podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe de 96 páginas, centrado en las violaciones de derechos humanos contra el sector educativo, menciona graves abusos tales como asesinatos de estudiantes durante las protestas de 2018, torturas a líderes estudiantiles como Lesther Alemán, Max Jerez o Yubrank Suazo, así como deportaciones (14 de los 222 expulsados en 2021 eran universitarios).

“El Gobierno nicaragüense ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político”, afirmó Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua que elaboró el informe.

Cierres de decenas de instituciones

El documento denuncia que tras las protestas de 2018, en las que el movimiento estudiantil cobró gran protagonismo y llegó a tomar centros universitarios en ciudades como Managua o León, se llevó a cabo una política represiva que entre otros efectos tuvo el cierre de decenas de universidades y centros superiores y la confiscación de sus bienes, lo que afectó a unos 37 mil estudiantes.

Algunas de esas instituciones cuya personalidad jurídica fue cancelada habían sido importantes centros de movilización estudiantil durante las protestas, como la Universidad Centroamericana o la Politécnica de Managua.

El informe también recoge la expulsión arbitraria de al menos 150 estudiantes entre 2018 y 2022, principalmente como represalia por haber participado en protestas, y casos en los que se anuló “de facto” la matrícula de estudiantes sin avisarles de ello.

La represión de las protestas estudiantiles, prácticamente desde el día en que estas se iniciaron en abril de 2018, también incluyó asesinatos, como el de las 15 personas fallecidas cuando policía y grupos armados progubernamentales dispararon contra manifestantes junto a la Universidad Nacional de Ingeniería y el Estado Nacional.

En el caso de las detenciones de estudiantes (al menos 52 según los expertos de la ONU), el informe denuncia la falta de debido proceso (no fueron presentadas a un juez en el plazo de 48 horas, ni se informó sobre el paradero de los arrestados a sus familiares), así como numerosos abusos en el periodo de detención.

“Fueron sometidos a largos y exhaustivos interrogatorios, a cualquier hora, llevados a cabo por policías en ocasiones encapuchados”, relata el documento, que también enumera diversos métodos de tortura o psicológica usados contra los estudiantes detenidos.

Juicios sin garantías

Muchos de estos detenidos acabaron siendo condenados por delitos graves tales como terrorismo, tenencia de armas o robo agravado, recibiendo penas de prisión de hasta 15 años, en juicios “con ausencia total de garantías procesales”, señaló el informe del grupo de tres expertos.

Sobre la responsabilidad de estos abusos, el informe señala a distintas instituciones del Estado, empezando por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes “usaron varias entidades del Estado para cometer las violaciones de los derechos humanos y crímenes descritos”.

El informe utilizó entre otros datos los obtenidos en entrevistas a 130 afectados, algunas a distancia y otras en tres misiones sobre el terreno.

El grupo de expertos destacó el papel protagónico que ha tenido el estudiantado de Nicaragua en la historia del país, hasta el punto de que el mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional que ha gobernado los últimos 17 años estuvo en gran parte compuesto por universitarios que lideraron la revolución de 1979.

Las violaciones y abusos a ese sector social “reflejan la intención del Gobierno de controlar cualquier espacio que permita formular críticas y liderar resistencia, protesta o disidencia de manera autónoma”, concluye el documento.

Con información de EFE

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Fuente: López Dóriga Digital