Iniciativa de ley del PRI para prevenir un constante flagelo

En la sesión plenaria de ayer del Congreso estatal se presentó una iniciativa para crear la nueva Ley de Prevención y Atención del Suicidio.

La diputada Rosana Couoh Chan, del PRI, reveló que hoy día no hay un marco normativo general del suicidio. Solo Chihuahua, Coahuila, Hidalgo y Sonora cuentan con uno enfocado en la prevención de ese flagelo.

Por eso en esta iniciativa se propone que el actual Instituto de Salud Mental, dependiente de la Secretaría de Salud, se transforme en el Instituto de Salud Mental y Prevención del Suicidio como organismo descentralizado.

También incluye crear los Comités estatal y municipal para la preservación de la salud mental y el Comité para la prevención y atención del suicidio, así como generar el Programa Estatal de Prevención y Atención del Suicidio en el Estado, un registro estatal de seguimiento de suicidios, así como una red de colaboradores para la prevención.

Colectivos irrumpen en Congreso

Otro de los temas que reunió en el Congreso a numerosas mujeres de diferentes colectivos y partidos, principalmente de Morena y Movimiento Ciudadano, quienes portaban pañoletas verdes con leyendas en alusión al aborto, fueron las iniciativas presentadas por Clara Paola Rosales Montiel, diputada morenista, y Larisa Acosta Escalante, de MC, para despenalizar el aborto.

Clara Paola Rosales dijo que la situación es alarmante. “¿Cómo es posible que en 2022 se registraran 1,521 partos de niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años?, ¿Cómo es posible que 2 de cada 10 mujeres embarazadas que dan a luz tengan entre 12 y 14 años?”, dijo.

“No podemos esperar más, ya es momento de que las mujeres, hombres trans y personas no gestantes decidamos y no vayamos a la cárcel por cumplir una condena y ser tratadas como criminales cuando solo estamos eligiendo el rumbo de nuestras vidas”, remarcó.

Señaló que por eso presentó dos iniciativas. Una para reformar la Constitución del Estado a fin de reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida digna a toda persona, y la segunda para cambiar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado.

Esta última, explicó, es para reformar, derogar y adicionar disposiciones relacionadas a la despenalización del aborto, reconocimiento del aborto forzado, derecho a la atención y acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva, la regulación de la objeción de conciencia por parte del personal de medicina y enfermería y la atención integral del embarazo, parto, puerperio, así como la atención en la etapa neonatal, la niñez y la adolescencia.

Larisa Acosta dijo que “vivimos en un estado que ocupa los primeros 10 lugares de embarazo en niñas y adolescentes a nivel nacional, sin dejar a un lado el grave problema de abuso infantil que representan estos embarazos a tan corta edad. Ninguna niña debe ser madre”, afirmó.

“Además, con la pobreza, un sistema de salud colapsado, un Estado opresor y una sociedad que juzga más rápido de lo que comprende, el sistema patriarcal sigue decidiendo sobre sus cuerpos. Es importante comprender el derecho a decidir de manera universal e interseccional, pues debe ser visto como parte de un sistema integral de cuidados que reconozca la vida y la autonomía”, indicó.

Recordó que además se trata de una deuda histórica y un desacato del Congreso del Estado. “Despenalizar el derecho al aborto no solo es un acto de justicia reproductiva, sino un paso para construir el camino hacia la igualdad sustantiva y un entorno donde todas las decisiones, incluyendo las maternidades y paternidades, estén respaldadas por un sistema que respete y valore el derecho al cuidado”.

“Es el mandato de la Suprema Corte, que en diciembre del 2024 emitió un fallo histórico en el que ordenó al Congreso del Estado legislar sobre la despenalización del aborto en respuesta al amparo impulsado por la abogada Amelia Ojeda, que da cumplimiento a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, y debe cumplirse”, agregó.

Por eso y luego de relatar el caso de “Evelia”, una mujer indígena de Tixpéhual que purga una condena de 10 años de cárcel por el aborto, Larisa Acosta dijo que acudió a presentar esta iniciativa que reforma y deroga artículos del Código Penal del Estado de Yucatán y la Ley de Salud del Estado, en materia de despenalización del derecho a decidir.

Fuentes: Diario de Yucatán.