Cabildo de Mérida analiza sanciones contra la granja porcícola de Santa María Chi; podría parar las operaciones

El jueves 27 de febrero el Cabildo del Ayuntamiento de Mérida abordará las quejas sobre las operaciones de la granja porcícola de Santa María Chi.

Este jueves 27 de febrero se valorarán las «quejas» sobre la granja porcícola de Santa María Chi para determinar si la Tesorería Municipal suspende provisional o definitivamente sus operaciones, informó Carmita González, directora de Gobernación, durante la Sesión de la Comisión de Salud y Ecología del Ayuntamiento de Mérida.

Recordó que surgió a raíz de una demanda presentada contra la Dirección de Desarrollo Urbano por la licencia de funcionamiento 47502, vigente hasta el 31 de junio de 2027. Según Sandra Leticia Nahuat Rivas, la licencia no ha sido avalada ni por la Dirección de Desarrollo Urbano, ni por la de Finanzas y Tesorería Municipal.

Este proceso legal municipal está vinculado al amparo 7/2025, considerado el más grande hasta ahora y que aún tiene un largo camino legal por delante. Carmita González explicó que el reclamo va contra ambas dependencias municipales, aunque sus facultades son de carácter exclusivamente fiscal y no intervienen en la supervisión de temas ambientales o de bienestar animal.

Desde el 21 de enero, se otorgó una suspensión provisional para que se verifiquen las condiciones de las aguas residuales de la granja. En este contexto, las autoridades responsables presentaron informes previos para negar los actos reclamados. Ahora, la resolución de la medida cautelar determinará si se ordena la paralización de las operaciones y la preservación de los cerdos en el lugar.

Además, el 6 de marzo se revisará si el acto reclamado es de naturaleza institucional y si se requiere una suspensión definitiva. Se ha solicitado un plan de mitigación para reducir el impacto ambiental de la granja.

El Ayuntamiento de Mérida ha aclarado que su competencia se limita a verificar las condiciones de uso de suelo, sin tener injerencia directa en la regulación sanitaria o ambiental de la granja. Sin embargo, el problema de salud pública asociado a la sobrepoblación de cerdos y su posible impacto en las comunidades cercanas es una preocupación para todas las autoridades.

La comuna meridana ha insistido en la necesidad de garantizar un proceso justo para todas las partes involucradas, y exige que las decisiones, tanto los derechos de la empresa, como la protección del medio ambiente y la salud de la población.

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Fuente: Por Esto