Esta realidad ha sido documentada por organizaciones como la Red Rahamim, que desde Mérida trabaja para visibilizar y prevenir este delito que afecta principalmente a niños, adolescentes y mujeres.
El fenómeno se presenta de manera diversa. Hay menores de edad que venden dulces, cigarros o paletas en las calles, a altas horas de la noche; también hay niñas y adolescentes sometidas a abusos sexuales por parte de familiares o personas cercanas, en entornos marcados por el consumo de alcohol y drogas.
En otros casos se ha detectado la presencia de mujeres extranjeras laborando en centros nocturnos de la ciudad de Mérida, lo que despierta alertas sobre posibles redes de explotación.
Enrique Puc Rosado, encargado de la Pastoral de Migrantes y Refugiados de la Arquidiócesis de Yucatán, advierte que “en esos ambientes tan vulnerables pueden estar ocultos crímenes de trata de personas”.
Lo que favorece su permanencia, añade, es el miedo a denunciar y la indiferencia social que impide evidenciar los posibles casos.
“Lo que se observa de modo silencioso, pero real es el trabajo infantil de niños vendedores por las calles del Centro. Otra realidad es el abuso sexual de menores en sus propios hogares. Y también está lo que no se quiere ver: extranjeras trabajando en espacios donde probablemente se violan sus derechos”, señala.
La Red Rahamim, una organización nacional con presencia en Ciudad de México, Puebla, Colima, Guadalajara, Chiapas, Ciudad Juárez y Mérida, trabaja en la formación de redes comunitarias de prevención y denuncia.
Desde el Núcleo Mérida se imparten talleres de prevención contra la trata de personas en escuelas, parroquias, centros comunitarios y cualquier espacio que lo solicite, con el objetivo de sensibilizar a la población, especialmente a los más jóvenes, sobre los mecanismos de reclutamiento, las señales de alerta y las rutas de ayuda disponibles.
De los municipios de Yucatán a Mérida
Los tratantes en Yucatán no siempre responden al estereotipo del criminal violento. Muchas veces son intermediarios o conocidos de la familia que prometen empleo, estudios o una mejor calidad de vida en otras ciudades.
Además, suelen operar en municipios como Tekax, Ticul, Oxkutzcab, Izamal, Peto y Umán, considerados por organismos civiles como “zonas de enganche” debido a sus altos niveles de pobreza, migración y vulnerabilidad social.
La impunidad se ve reforzada por la falta de denuncias, la debilidad institucional, la carencia de peritajes especializados y la ausencia de un seguimiento real a los casos.
“Tenemos que hablar de esto. Hay que mirar lo que ocurre frente a nosotros y dejar de normalizarlo. La calle no es lugar para un niño a las 11 de la noche; una promesa de trabajo no debe ser sinónimo de desaparición. La prevención comienza con la conciencia”, dice Enrique Puc, encargado de la Pastoral de Migrantes y Refugiados de la Arquidiócesis de Yucatán.
En un contexto donde el silencio es cómplice, organizaciones como Rahamim y Familias Buscadoras de Yucatán, o asociaciones como Alas AC hacen un llamado a romper la indiferencia y sumar esfuerzos entre sociedad civil, gobierno, escuelas y medios de comunicación. Porque solo desde la comunidad —informada, vigilante y activa— es posible contener un delito que prospera en la sombra y daña, con frecuencia irreversible, la vida de los más vulnerables.
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Fuente: Diario de Yucatán
