El primer caso se presentó en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, donde se vieron afectados 3.5 hectáreas de manglar y humedales. El segundo ocurrió en el norte de Mérida, donde un desarrollo inmobiliario destruyó 5.08 hectáreas de selva baja caducifolia.
Ambos predios fueron clausurados de forma total y temporal, lo que implica la suspensión inmediata de cualquier actividad, mientras se abren procedimientos administrativos para determinar las sanciones correspondientes.
Estas acciones forman parte de una serie de operativos que la Profepa ha llevado a cabo este año en Yucatán, frente a la presión que la expansión urbana, turística y agrícola ejerce sobre los ecosistemas más vulnerables de la región.
Celestún: afectaciones en manglares y humedales
Entre el 1 y 2 de octubre, la Profepa inspeccionó terrenos en el municipio de Celestún, dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. Este espacio es crucial para la conservación del manglar y para especies como el flamenco rosado y el mangle blanco (Laguncularia racemosa). Los inspectores detectaron cambios de uso de suelo sin autorización, remoción de vegetación y relleno de humedales.
Los daños en los predios inspeccionados incluyen:
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Predio 1: 0.84 hectáreas de vegetación costera y mangle blanco afectadas.
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Predio 2: 1.78 hectáreas de manglar parcialmente removido y 0.65 hectáreas adicionales afectadas por la apertura de brechas.
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Predio 3: 0.92 hectáreas de vegetación eliminadas y 0.14 hectáreas de humedales rellenados con arena.
En total, las afectaciones suman 3.5 hectáreas dentro de la zona núcleo de la reserva. La Profepa colocó sellos de clausura y suspendió cualquier actividad que continúe dañando el ecosistema. Las autoridades recuerdan que el manglar es fundamental para la regulación climática, la protección costera y como hábitat para la pesca local.
Mérida: destrucción de selva baja caducifolia en Xcunyá
El 8 de octubre, la Profepa clausuró un predio en Xcunyá, Mérida, donde el proyecto inmobiliario “Savia Residencial” había eliminado 5.08 hectáreas de selva baja caducifolia. Durante la inspección se observó maquinaria pesada construyendo vialidades sin permisos de cambio de uso de suelo ni autorizaciones ambientales.
La dependencia ordenó la suspensión inmediata de las obras y la clausura total temporal del sitio, mientras se determina la responsabilidad de los desarrolladores. La selva afectada forma parte de los pocos relictos forestales que permanecen en la periferia norte de Mérida, donde la expansión urbana y los megaproyectos representan una amenaza constante para la biodiversidad.
Procedimientos administrativos en aumento
Hasta octubre de 2025, la Profepa ha iniciado casi 200 procedimientos administrativos por infracciones ambientales en Yucatán, una cifra que podría acercarse a los 370 casos registrados en 2024. Entre los expedientes se incluyen denuncias por cambio de uso de suelo, contaminación, tala ilegal y tráfico de especies, entre otros.
José González Medina, encargado de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Profepa en Yucatán, explicó que estos procedimientos incluyen inspecciones, notificación de irregularidades, presentación de pruebas y, de confirmarse la infracción, la imposición de sanciones o la obligación de reparar el daño.
En la región peninsular, la Profepa ha clausurado más de 2,600 hectáreas de selvas afectadas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En Yucatán, un operativo reciente en Tekax documentó la pérdida de 147 hectáreas de vegetación nativa.
Ecosistemas en riesgo
Los casos de Celestún y Mérida reflejan la presión que enfrentan los ecosistemas del estado. Manglares, humedales, selvas bajas y cenotes —elementos esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático— se ven amenazados por desarrollos sin permisos ni estudios de impacto ambiental.
El daño ambiental también tiene un costo social: pescadores pierden áreas de reproducción de especies, comunidades enfrentan inundaciones y vecinos observan cómo desaparece la vegetación que protegía su entorno del calor y la contaminación.
La Profepa asegura que continuará atendiendo todas las denuncias y vigilando la región, aunque ambientalistas y habitantes advierten que las clausuras, aunque necesarias, a menudo llegan tarde para evitar la pérdida de ecosistemas valiosos.
Redacción: Yucatánalamano.
