El reloj en la pared es una especie de chicote moderno en algunos invernaderos de este poblado de la provincia de Ontario, en el área central de Canadá que comparte frontera con entidades vecinas como Minnesota, Wisconsin, Michigan o Nueva York.
Frente al reloj, campesinos mexicanos lo miran con recelo mientras cortan tomates: saben que es su delator, el que les dice: “Miren ¡qué lentos!, ¡qué torpes!”, el que provoca el grito de los supervisores:
“Mejor vete a descansar a la casa… sin pago, obvio”.
Los castigados se encogen de hombros. Acatan la orden con la sensación de injusticia y postergan anhelos, de construir su casa o de pagar los estudios de sus hijos, las quimioterapias de la esposa, los medicamentos de la madre; de cubrir las deudas para llegar a Canadá como trabajadores temporales.
“La verdad es que a veces nos tratan como a animales”, resume en entrevista con MILENIO uno de ellos.
Es la víspera de la revisión de dos de los acuerdos más importantes entre su país y la nación que los emplea como extranjeros: el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), el próximo mes de noviembre; y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en 2026.
Y muchos, por no decir todos los jornaleros, están atentos a las resoluciones que ahí se tomen.
Permisos para miles de trabajadores
La importancia de aquel programa y del Tratado no es cualquier cosa: desde que se firmó el PTAT, en 1974, han sido contratados más de medio millón de personas (522 mil) desde México para las granjas agrícolas canadienses, según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y el gobierno canadiense.
El PTAT es un programa intergubernamental exclusivamente para perfiles campesinos pero, a partir del 2015, empezó a popularizarse el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET) que controlan particulares y que ha llevado a otros 66 mil mexicanos entre polémicas.
En total, ambos programas desde su activación suman casi 600 mil trabajadores en un vaivén claroscuro: mientras las autoridades presumen que el acuerdo de movilidad es de lo más “exitoso”, quienes viven el día a día dicen que las cosas no son como les prometieron cuando los reclutaron en sus pueblos.
“Pueden hacer con uno lo que quieran”, denuncia un jornalero que ha tomado la palabra en las oficinas de la Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés) en este poblado de la provincia de Ontario, ubicado a 344 kilómetros de Toronto.
A los procedentes tanto de PTAT como PTET, los une el deseo de mejorar las condiciones del trabajo, reconociendo las bondades de los sueldos de hasta 150 dólares canadienses (unos mil 800 pesos mexicanos) por nueve horas al día, aunque varía según la empresa.
Trabajar bajo cero y sin indemnización
El poblano Jorge Enrique de la Rosa dice que gracias a su trabajo donde la temperatura puede alcanzar los 40 grados centígrados bajo cero, está construyendo su casa, tiene una camioneta, una motocicleta y algunos terrenos que no hubiera logrado de otra forma. Pero repite: “es difícil”.
Los trabajadores temporales podrán desconocer sus derechos, pero saben que no es normal que les rompan los nervios con un reloj o que los amontonen en viviendas con hasta 25 personas, ocho por habitación, donde a veces hay chinches, cucarachas, ratas…
Reconocen el maltrato cuando les echan encima pesticidas en medio de la cosecha; cuando no les pagan el hospital cuando hay accidentes laborales, un dedo arrancado, un ojo perdido, una pierna magullada; cuando los regresan a México sin indemnización.
En la sede de la UFCW, escuchan que el Estado canadiense debería dejarles cobrar el seguro de desempleo que les descuenta mes por mes; o emigrar, si así lo desean, después de trabajar por décadas aquí.
A esa lista de agravios que no encuentran cauce en el municipio de Leamington, Ontario, ni en otras provincias, destaca uno más, quizás el más grave y menos evidente, que cobra fuerza en voz de Pablo Godoy, director del UFCW, presente en la reunión:
“Nunca invitan a los trabajadores a las reuniones donde se revisan los programas que requieren mano de obra mexicana para la agricultura”, dice.
“¡Queremos ser parte!”, exigen los jornaleros.
Leamington: el pequeño México en Canadá
A pesar de la superficie de apenas 260 kilómetros cuadrados y 30 mil habitantes, Leamington concentra más del 60 por ciento de los invernaderos de Ontario que superan, con 800 hectáreas bajo techo, a toda la industria de invernaderos de Estados Unidos, tal y como lo canta en su página oficial.
Aquí se cosechan manzanas, duraznos, uvas, muchos tomates, pepinos, pimientos y hasta cannabis con mano de obra extranjera, principalmente mexicana, que suele tomar las calles. El UFCW calcula que anualmente circulan en este poblado unos 8 mil trabajadores temporales, de los cuales, un 80 por ciento son mexicanos.
Rostros morenos frente a las iglesias y hospitales; en los centros de baile donde se escucha banda; en los restaurantes de tacos y birria; delante del gigantesco monumento al tomate; en el ríos donde van a pescar o en el lago donde juegan voleibol y basquetbol.
“Se hace un buen ambiente porque todos hablan español y hasta los chinos, filipinos, coreanos, jamaiquinos, intentan hablarlo, ¡cómo les gustan las groserías!”, dice Jorge Soto, oriundo de Huatulco, Oaxaca, inmerso en una dinámica donde la mayoría son hombres, como testifican las estadísticas migratorias: 97 por ciento varones y 3 por ciento, mujeres.
Cuando las bajas temperaturas aprietan, los trabajadores se quedan en casa o van donde el UFCW a tomar clases de inglés o conocer sobre sus derechos aunque no puedan sindicalizarse.
A diferencia de Columbia Británica, Quebec y Manitoba, donde el UFCW cuenta con cuatro mil trabajadores temporales mexicanos agremiados –se permite a los trabajadores agrícolas formar sindicatos solo con el 55 por ciento del personal–, en Ontario eso se les prohíbe a los trabajadores del campo a pesar de estar incluido en la Constitución.
Una política regional con dedicatoria, si se echa un vistazo a las cifras: el 46 por ciento de los migrantes temporales van hacia esta provincia. Otro 44 por ciento de estos se divide proporcionalmente entre Quebec y Columbia.
Las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Alberta requieren un siete por ciento y el restante tres por ciento se ocupan en Nueva Brunswick, Nueva Escocia e Isla Príncipe Eduardo.
Santiago Escobar, representante nacional del sindicato UFCW, resume así el veto:
“Los trabajadores dependen del empleador que les toque
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Fuente: Milenio Digital
