Detrás de esa imagen de tranquilidad, las mujeres enfrentan una realidad que se niega a desaparecer: el acoso y el abuso sexual. La violencia de género se extiende en silencio, protegida por la vergüenza, la indiferencia y la impunidad.
La violencia cotidiana
En las calles del centro de Mérida, una joven camina rumbo al trabajo. Un desconocido le grita un comentario obsceno; otro, más atrevido, se le acerca demasiado. Ella acelera el paso y finge no escuchar. No denuncia. “No vale la pena meterse en problemas”, piensa. Escenas como esa son parte de una rutina invisible que, sin embargo, deja marcas profundas.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, del Inegi, Yucatán registró 21 mil 73 víctimas por cada 100 mil habitantes, un incremento de 9.9 % respecto a 2024. Pese a ello, sólo uno de cada diez delitos sexuales se denuncia. La mayoría de las víctimas guarda silencio, ya sea por miedo, vergüenza o desconfianza en las autoridades.
Cifras que revelan el problema
Entre enero y septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado abrió más de 400 carpetas de investigación por delitos sexuales, principalmente por acoso y abuso. En los últimos cinco años, las denuncias superan las 2 mil, aunque los casos con sentencia firme apenas representan una mínima parte.
Las principales víctimas son mujeres menores de 30 años, estudiantes o trabajadoras del sector servicios. Los lugares más frecuentes: el transporte público, los centros laborales, las calles céntricas y los espacios escolares. En comunidades mayas, las agresiones suelen quedar aún más silenciadas debido a factores culturales o económicos.
“El daño emocional es devastador y pocas veces se reconoce”, advierten desde el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM). “Muchas víctimas llegan después de años de sufrir acoso o abuso, cuando el impacto psicológico ya es profundo”.
Lo que dice la ley… y lo que ocurre en la práctica
El Código Penal de Yucatán establece sanciones claras para los delitos sexuales. El hostigamiento sexual puede castigarse con 3 a 6 años de prisión; el acoso sexual, con 2 a 4 años; y el abuso sexual, con penas que van de 6 a 10 años, dependiendo de la gravedad y circunstancias. Cuando las víctimas son menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, las penas pueden duplicarse.
No obstante, en la práctica, la aplicación de la ley es irregular. Muchas carpetas se cierran por “falta de pruebas” o porque las víctimas desisten del proceso ante la falta de acompañamiento y el temor a ser revictimizadas.
Un problema que trasciende casos aislados
El tema volvió a la conversación pública tras el episodio de acoso que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en la Ciudad de México. Pero en Yucatán, donde estos hechos rara vez ocupan titulares, las historias siguen acumulándose sin que nadie las escuche.
Mariela, una joven de 22 años, recuerda su experiencia en una tienda del norte de Mérida: “Mi jefe me mandaba mensajes con insinuaciones. Cuando lo rechacé, empezó a hacerme la vida imposible”. Denunció, pero no pasó nada. Terminó renunciando. “Te hacen sentir que exageras”, dice.
Entre el miedo y la impunidad
Colectivos feministas y organizaciones civiles coinciden en que la impunidad es el verdadero núcleo del problema. “No necesitamos más artículos en el Código Penal, sino que las leyes se cumplan”, afirma la activista Lizbeth Salazar. “Sin justicia, las víctimas siguen callando”.
Aunque Mérida se mantiene como una de las ciudades con mayor percepción de seguridad (ocho de cada diez habitantes se sienten seguros), más del 90 % de las mujeres declara haber sufrido acoso en espacios públicos, de acuerdo con la Envipe.
Una violencia que no distingue edades
El acoso y el abuso sexual en Yucatán afectan a mujeres de todas las edades: niñas, jóvenes, adultas y personas mayores. Incluso algunos hombres han sido víctimas, aunque pocos se atreven a reconocerlo. En comunidades rurales, la falta de acceso a servicios especializados y el peso de las normas sociales agravan el problema.
El CJM atiende cada año cientos de casos, pero reconoce que muchos llegan cuando ya es demasiado tarde para una reparación integral.
En un estado que presume paz y seguridad, el cuerpo de las mujeres sigue siendo un territorio en disputa.
Detrás de cada cifra hay una historia que no llegó a los tribunales: una estudiante que calló, una trabajadora que perdió su empleo o una niña que aprendió a vivir con miedo.
Redacción: Yucatánalamano.
