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Riqueza sin poder: así funciona China

En el debate político y económico actual, el capitalismo y el comunismo suelen presentarse como modelos opuestos y excluyentes.

por Luis Carmona
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Por Luis Carmona.

La realidad es más compleja, ya que pocos países aplican alguno de estos sistemas en su forma pura. Más que hablar de blancos y negros, resulta necesario entender cómo funcionan en la práctica, qué países se identifican con cada modelo y por qué China ocupa un lugar tan particular dentro de esta discusión.

El capitalismo se basa, en términos generales, en la propiedad privada de los medios de producción, la libre empresa y el mercado como principal mecanismo para asignar recursos. En este sistema, las personas pueden crear empresas, invertir su dinero, contratar trabajadores y acumular riqueza, siempre que respeten las leyes vigentes. La intervención del Estado existe, pero suele limitarse a regular, cobrar impuestos y corregir excesos. Países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur o México funcionan bajo este esquema, aunque con distintos niveles de regulación y protección social.

El comunismo, en su concepción clásica inspirada en Marx y Engels, propone un modelo radicalmente distinto. Plantea la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, la gestión colectiva o estatal de los recursos y la búsqueda de una mayor igualdad económica. En teoría, el Estado tendría un papel central durante una etapa de transición, conocida como socialismo, para posteriormente desaparecer en una sociedad sin clases. En la práctica histórica, este modelo ha derivado en Estados fuertes que concentran el poder político y económico.

Hoy en día, son pocos los países que se definen oficialmente como comunistas. Entre ellos se encuentran China, Cuba, Vietnam, Laos y Corea del Norte. No obstante, agruparlos bajo una misma etiqueta puede resultar engañoso, ya que sus sistemas económicos funcionan de maneras muy distintas. Mientras algunos mantienen economías fuertemente centralizadas, otros han incorporado mecanismos de mercado de forma amplia.

El caso de China es especialmente relevante. Desde el punto de vista político, se trata de un Estado gobernado por un solo partido, el Partido Comunista Chino, sin competencia electoral real ni pluralismo partidista. El poder político se mantiene estrictamente controlado y no se permite la existencia de actores independientes que puedan desafiar la autoridad del partido. En este sentido, China sí responde a un modelo comunista en lo político.

En lo económico, la situación es diferente. China permite la propiedad privada, la existencia de empresas privadas, la inversión extranjera y la acumulación de grandes fortunas. Existen empresarios multimillonarios y un mercado activo que define precios, salarios y oportunidades. Por esta razón, muchos analistas describen el sistema chino como un socialismo con características chinas o como una forma de capitalismo de Estado, en el que el mercado es una herramienta, pero no el centro del poder.

La diferencia clave entre el comunismo tradicional y el modelo chino radica en el límite que impone el Estado. En el comunismo clásico, la acumulación de riqueza privada no tiene cabida. En China, en cambio, una persona puede volverse millonaria, adquirir bienes de lujo y disfrutar de su riqueza sin mayores obstáculos, siempre y cuando no utilice ese poder económico para influir en la política o construir una autoridad paralela al Estado. El problema no es cuánto dinero se tiene, sino en qué se convierte ese dinero.

Este principio también se refleja en el manejo de las grandes empresas. Las compañías privadas pueden crecer, expandirse y generar enormes ganancias, pero el Estado se reserva el derecho de intervenir cuando considera que una empresa acumula demasiado poder estratégico o influencia social. La intervención no siempre implica expropiación, sino una forma de recordar que el control último pertenece al partido y al Estado.

Un ejemplo adicional es el mercado de la vivienda. En China, las personas pueden comprar casas y departamentos, pero el suelo no suele ser de propiedad privada absoluta, sino una concesión a largo plazo otorgada por el Estado. Esto permite al gobierno intervenir si el mercado inmobiliario se convierte en un riesgo económico o social, algo que refuerza la idea de que la propiedad existe, pero bajo condiciones específicas.

En términos generales, el comunismo parte de la idea de que las personas deben acceder únicamente a aquello que necesitan para vivir, evitando la acumulación excesiva de bienes y buscando una distribución más equitativa de los recursos. Bajo este modelo, el Estado regula qué y cuánto puede adquirir cada individuo, con el objetivo de garantizar que todos tengan cubiertas sus necesidades básicas. En contraste, el capitalismo se basa en la libertad individual para adquirir bienes y propiedades sin un límite predeterminado, siempre que la persona cuente con el capital suficiente para solventar dichas compras. Desde esta diferencia conceptual, puede entenderse que, ante dos familias con distintos números de integrantes, un sistema comunista procuraría asignar viviendas acordes a sus necesidades reales, mientras que en un sistema capitalista una familia o incluso un solo individuo podría adquirir una o varias viviendas no solo por necesidad, sino también como forma de inversión o acumulación patrimonial.

Bajo esa misma lógica, un Estado comunista regularía el tamaño de la vivienda con base en el número de integrantes de cada familia, buscando que el espacio asignado sea suficiente para vivir de manera funcional, pero sin excedentes. De esta forma, una familia conformada por dos adultos y un solo hijo recibiría una vivienda de dimensiones menores, mientras que una familia con más hijos tendría acceso a un hogar más amplio, acorde a sus necesidades habitacionales. La finalidad no sería premiar o castigar a una familia por su tamaño, sino evitar la acumulación innecesaria de espacio y asegurar que los recursos disponibles se distribuyan de manera proporcional entre la población, garantizando vivienda para todos bajo criterios definidos por el Estado.

Bajo un contexto comparable al de países como México o Estados Unidos, China puede tener figuras millonarias equiparables a personajes como Ricardo Salinas Pliego o Elon Musk, es decir, personas con múltiples empresas, enorme capital y fortunas que superan con creces los millones. Estos individuos pueden darse lujos, adquirir propiedades y disfrutar de su riqueza sin mayores restricciones, siempre y cuando no influyan en la política ni utilicen su poder económico para promover ideas contrarias al Partido Comunista Chino. Mientras el empresario se limite a generar dinero y a disfrutar de su patrimonio, el Estado no tiene razones para confrontarlo.

Esta lógica ha provocado que muchas empresas chinas adopten una postura de mano dura hacia sus propios empleados. Cuando se detectan actividades internas que puedan interpretarse como cuestionamientos o críticas al partido, los trabajadores suelen ser despedidos de inmediato, con el objetivo de evitar que el gobierno inicie investigaciones severas que pongan en riesgo la operación o incluso la existencia de la empresa. Ejemplos claros de esta dinámica pueden observarse en la industria de los videojuegos, donde en casos en los que un actor de voz o figura pública asociada a un producto expresa posturas consideradas contrarias al gobierno, la empresa opta por despedirlo y reemplazarlo para prevenir sanciones mayores.

En conclusión, afirmar que China es comunista resulta incorrecto si el análisis se limita únicamente al terreno económico. Cuando la conversación se centra en el ámbito político —alcaldes, gobernadores, presidencia, sistema judicial y estructura de poder— es válido identificar a China como un Estado comunista, gobernado por un solo partido y sin pluralismo político. Sin embargo, al observar su sector económico, el país permite prácticas claramente capitalistas, como la existencia de empresarios, inversionistas, empresas privadas y una intensa dinámica de exportación e importación. Estas actividades económicas son aceptadas y promovidas siempre que no se traduzcan en influencia política ni cuestionen al partido gobernante, estableciendo así una separación clara entre la libertad económica condicionada y el control absoluto del poder político por parte del Partido Comunista Chino.

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