A pesar del dinamismo económico que ha mostrado el estado en los últimos años, una parte significativa de su población ocupada no puede adquirir ni siquiera la canasta básica alimentaria con lo que gana.
De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre del cuarto trimestre de 2025 el 25.6% de las personas ocupadas en la entidad se encontraba en condición de pobreza laboral. En términos prácticos, esto implica que uno de cada cuatro trabajadores no obtiene ingresos suficientes para asegurar su alimentación.
Si bien el indicador muestra una mejoría frente al 26.1% registrado en el mismo periodo de 2024, la reducción ha sido mínima: apenas medio punto porcentual en un año. Incluso comparado con el trimestre previo, el avance fue de solo 0.3 puntos, lo que refleja un descenso constante, pero lento.
La comparación histórica evidencia avances más amplios. En 2016, la pobreza laboral alcanzaba 43.1% de la población ocupada en el estado. Desde entonces la tendencia ha sido descendente, aunque sin lograr romper el umbral que mantiene a una cuarta parte de los trabajadores en situación vulnerable.
Salarios que avanzan con lentitud
El ingreso laboral promedio mensual por persona en Yucatán se ubicó en 3,706 pesos, el nivel más alto reportado en los últimos nueve años. No obstante, el incremento anual fue prácticamente simbólico: apenas 3.62 pesos más que el año anterior, equivalente a una variación de 0.1%.
Además, en comparación trimestral se observó una caída de 1.9%, lo que confirma que los ingresos no muestran una trayectoria estable de crecimiento. Este promedio, cabe señalar, corresponde al ingreso por persona dentro del hogar, por lo que debe repartirse entre los distintos integrantes y cubrir gastos como alimentación, transporte, vivienda y servicios.
En paralelo, la llamada masa salarial —es decir, el total de remuneraciones pagadas en la entidad— ascendió a 8,391 millones de pesos, con un aumento anual de 2.3%. Aunque esta cifra refleja mayor actividad económica y generación de ingresos, no necesariamente implica una mejora proporcional en el bienestar individual.
Desempeño desigual por sectores
El comportamiento de los ingresos varía considerablemente según la actividad económica. En el sector de transportes, comunicaciones y almacenamiento se registró una caída significativa: el ingreso promedio mensual pasó de 10,384 a 8,920 pesos en un año, una reducción de 14.1%.
En contraste, la industria manufacturera mostró el mayor dinamismo, con un aumento de 7.7%, al elevar su ingreso promedio de 5,907 a 6,363 pesos mensuales.
También hubo diferencias por sexo. Mientras el ingreso promedio de los hombres disminuyó 2.3%, el de las mujeres aumentó en la misma proporción. Aunque esto sugiere cierta recomposición en el mercado laboral, no elimina las brechas estructurales históricas.
Comparación nacional
A nivel país, la pobreza laboral se situó en 32.3%, por lo que Yucatán presenta una incidencia menor, con una diferencia cercana a siete puntos porcentuales. Asimismo, el ingreso promedio mensual estatal (3,706 pesos) supera el promedio nacional de 3,468 pesos.
Sin embargo, estar por encima de la media nacional no implica que el problema esté resuelto. La cifra confirma que el fenómeno es menos intenso que en otras regiones, pero continúa afectando a una proporción relevante de trabajadores.
Crecimiento económico con límites
El caso de Yucatán evidencia una contradicción persistente: el empleo y la actividad productiva han crecido, pero los ingresos no avanzan al mismo ritmo que el costo de vida. El desarrollo industrial, inmobiliario y de servicios —especialmente en Mérida y su zona metropolitana— ha impulsado la economía estatal, aunque en buena medida sobre la base de empleos con remuneraciones bajas o moderadas.
La pobreza laboral no refleja falta de trabajo, sino insuficiencia salarial. Es el indicador que muestra que, pese al esfuerzo diario, miles de personas no logran cubrir plenamente sus necesidades básicas.
En ese contexto, el desafío no es únicamente generar empleo, sino garantizar que éste permita mejorar efectivamente la calidad de vida.
Redacción: Yucatánalamano.
