Los comuneros acusan a la Fundación Yansa y a su director, Sergio Oceransky, de obstaculizar el proceso judicial, lo cual favorece la expansión inmobiliaria sobre tierras comunales.
A pesar de ligeros avances legales, las organizaciones denuncian una negligencia institucional sistemática que vulnera los derechos del pueblo maya.
Las comunidades de Ixil, Chablekal, Kinchil y Chapab exigen
Justicia ambiental: Investigaciones reales sobre daños al ecosistema.
Garantías agrarias: Respeto estricto a las medidas cautelares y al derecho de consulta previa e informada.
Regulación porcícola: Reconocimiento de los impactos negativos de este modelo industrial.
Para las comunidades, esta lucha trasciende lo legal: es la defensa de su identidad, patrimonio biocultural y autonomía sobre su territorio.
Por Redacción Yucatanalamano
