Aunque la regulación ya está vigente, su implementación enfrenta un reto importante: de las aproximadamente cinco mil personas que se dedican a la intermediación de propiedades en el estado, apenas unas 400 han iniciado el proceso de certificación oficial.
Durante años, el crecimiento acelerado de Mérida como destino de inversión permitió que prácticamente cualquier persona participara en la compra, venta o renta de inmuebles sin necesidad de acreditaciones formales. Bastaba con contactos, un teléfono y anuncios improvisados para operar en el sector.
Sin embargo, ese escenario comienza a cambiar con la aplicación de la Ley del Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios de Yucatán, acompañada por modificaciones a nivel federal en materia antilavado.
Estas disposiciones establecen un sistema más estricto para supervisar las operaciones inmobiliarias y profesionalizar a quienes participan en ellas.
Certificación obligatoria para operar
A partir de ahora, quienes deseen dedicarse a la intermediación inmobiliaria deberán contar con una licencia oficial emitida por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Para obtenerla, es necesario cursar y aprobar programas de capacitación avalados por el sistema nacional de competencias laborales.
La normativa reconoce tres figuras dentro del sector: asesor certificado, agencia certificada y asesor aliado. Solo quienes estén registrados bajo estas categorías podrán participar legalmente en operaciones de bienes raíces.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del asesor inmobiliario en los actos notariales. Esto implica que cada operación quedará documentada con su nombre, honorarios y datos financieros, lo que elimina la posibilidad de realizar transacciones sin dejar rastro formal.
Rezago en la regularización
Pese a la claridad de la ley, la mayoría de los intermediarios continúa fuera del esquema oficial. Más de cuatro mil personas siguen operando sin certificación, lo que evidencia una brecha entre la regulación y la realidad del mercado.
El proceso de formalización implica costos, capacitación y nuevas obligaciones, como el registro de contratos ante autoridades de protección al consumidor y la inversión en herramientas tecnológicas para resguardar información. Para muchos, estos requisitos representan una barrera difícil de superar en el corto plazo.
Refuerzo federal contra el lavado de dinero
El marco estatal se complementa con reformas federales que fortalecen la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias. Desde 2025, este sector forma parte de las actividades prioritarias en la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita.
Entre las nuevas disposiciones destaca la obligación de reportar operaciones que superen ciertos montos, así como aquellas que resulten inusuales, incluso si no se concretan. Además, se amplía a diez años el periodo obligatorio para conservar documentación relacionada con clientes y transacciones.
Estas medidas impactan directamente en prácticas comunes como preventas, inversiones en desarrollos y esquemas de financiamiento, que ahora estarán sujetos a mayor supervisión.
Un cambio impulsado por el crecimiento del estado
El endurecimiento de las reglas no es casual. El dinamismo inmobiliario de Yucatán en los últimos años ha atraído importantes flujos de inversión, algunos de origen poco claro. Ante este panorama, las autoridades buscan cerrar espacios a la informalidad y alinearse con estándares internacionales de control financiero.
En comparación con otras entidades del país, la legislación local destaca por su nivel de exigencia, trasladando parte de la responsabilidad que antes recaía únicamente en los notarios hacia los asesores inmobiliarios.
Más seguridad para compradores, mayor presión para el sector
Para quienes buscan adquirir o rentar una propiedad, el nuevo esquema representa mayor confianza y respaldo legal en cada operación. Se espera una disminución en fraudes y prácticas irregulares.
En contraste, para el sector inmobiliario el cambio implica una transformación profunda. La informalidad, que durante años fue común, deja de tener espacio dentro del marco legal. El desafío ahora será lograr que la mayoría de los actores se adapte a estas nuevas condiciones y que la regulación se refleje plenamente en la práctica.
Redacción: Yucatánalamano.
