Víctimas de secuestro durante la elección de 2021 y ciudadanos de Sinaloa denunciaron desde febrero pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador con licencia de aquella entidad, Rubén Rocha Moya.
Se trata de apenas una de tres acciones que víctimas, colegios de abogados y colectivos ciudadanos emprendieron en lo penal, electoral y administrativo, contra el gobernador con licencia, ninguna ha prosperado.
Autoridades ‘ignoran’ secuestros en Sinaloa por falta de pruebas
“Burdamente, han dicho ‘aquí no pasa nada, no hay elementos suficientes para iniciar la carpeta de investigación, para iniciar un desafuero, para iniciar una separación de poderes’”, dijo a El Financiero Miguel Ángel Murillo, dirigente del Frente Cívico Sinaloense.
En entrevista telefónica, relató que en lo electoral el caso cayó en manos de la magistrada electoral Aida Inzunza, hermana del senador Enrique Inzunza que, al igual que Rocha Moya, hoy es buscado por la Justicia estadounidense.
“Entonces tenían que, de una forma u otra, tratar de proteger a quien era su amo; tenían prácticamente a todas las instituciones, tanto locales como en los Poderes, en manos de un grupo que se sabe operaban como cártel”, aseguró.
Señaló que en lo penal, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) no los quiso recibir y la denuncia se recibió en febrero pasado en la FGR, a regañadientes y de mala gana.
“Simple y sencillamente la carpeta está en un cajón… no ha prosperado, no le han dado avance”, abundó y dijo que ello ocurre pese al cúmulo de pruebas que se presentaron contra Rocha Moya.
Diputada del PRI, entre las víctimas de secuestro en Sinaloa 2021
Entre ellas está el testimonio de Paola Gárate, diputada local del PRI, una de las más de 200 víctimas de secuestro previo a la elección de 2021, proceso que, según la legisladora, resultó en una “narco elección” y un “narcogobierno”.
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Fuente: El Financiero
