De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), elaborada por el Inegi en coordinación con el Conapred y la CNDH, el 32.1% de las personas mayores de edad en Yucatán afirmó haber sufrido algún acto discriminatorio. El porcentaje coloca al estado por encima de entidades como Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco.
El dato implica que prácticamente tres de cada diez adultos yucatecos han enfrentado algún tipo de trato desigual o excluyente. La media nacional se ubica en 23.7%, lo que evidencia una diferencia considerable respecto al panorama general del país.
Un fenómeno cotidiano y arraigado
Durante una conferencia sobre derechos humanos y políticas de inclusión, Enrique Ventura Marcial, integrante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, advirtió que este problema no se limita a casos aislados ni a espacios institucionales.
Según explicó, la discriminación suele reproducirse en distintos ámbitos de la vida diaria: hogares, escuelas, centros laborales y espacios públicos. Además, señaló que cualquier persona puede llegar a padecerla, pero también ejercerla de manera consciente o inconsciente.
La observación resulta especialmente relevante en un estado como Yucatán, donde conviven profundas tradiciones culturales, crecimiento urbano acelerado y una creciente llegada de población externa vinculada al turismo y las inversiones.
El peso histórico de la discriminación étnica
Uno de los factores que ayudan a explicar las cifras es la composición social de la entidad. Yucatán concentra una de las comunidades mayas más numerosas del país y, con ello, persisten prácticas de exclusión relacionadas con el origen indígena y la lengua.
Información de la Enadis 2022 señala que más del 5% de la población adulta del estado declaró haber sido discriminada por pertenecer a un grupo indígena o afrodescendiente, uno de los porcentajes más elevados del país.
Diversos especialistas han advertido que esta situación impacta directamente en el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales. Un informe del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción documentó que muchas comunidades mayas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia debido a la falta de intérpretes y traductores en lengua maya.
La carencia de personal capacitado en este ámbito continúa siendo significativa, especialmente en instituciones públicas y procesos legales donde el idioma representa una barrera importante.
Apariencia, género y forma de hablar: otras causas frecuentes
La discriminación en México no sólo está vinculada al origen étnico. A nivel nacional, las personas encuestadas identificaron como principales motivos de exclusión la apariencia física, la manera de vestir, el peso, la estatura, las opiniones políticas, el género y la forma de hablar.
En Yucatán, estos factores se combinan con dinámicas sociales particulares. La fuerte identidad regional y las diferencias entre zonas urbanas y rurales generan contextos donde ciertos sectores de la población pueden quedar en situación de vulnerabilidad.
Ventura Marcial destacó además que las condiciones de discriminación suelen agravarse cuando coinciden varios factores al mismo tiempo. Por ejemplo, ser mujer, indígena, adulta mayor o vivir con discapacidad puede incrementar significativamente las posibilidades de exclusión social.
Pocas denuncias pese a la magnitud del problema
Otro aspecto que preocupa a las autoridades es la baja cantidad de denuncias formales. Aunque millones de personas reconocen haber sufrido discriminación, sólo una pequeña parte acude a instancias oficiales.
El Conapred ha recibido alrededor de 1,200 quejas en los últimos años en todo el país, concentradas principalmente en la capital mexicana. En entidades como Yucatán, los registros son mucho menores, situación que especialistas atribuyen al miedo, la desinformación y la desconfianza institucional.
En comunidades indígenas, por ejemplo, persiste la percepción de que denunciar difícilmente generará cambios reales. En el ámbito laboral, muchas personas prefieren guardar silencio para evitar represalias o perder su empleo.
La falta de denuncias también limita la creación de políticas públicas más precisas, ya que las autoridades carecen de información suficiente para identificar patrones y atender casos específicos.
Cuando las leyes generan exclusión
El representante del Conapred también advirtió sobre la llamada “discriminación indirecta”, que ocurre cuando ciertas normas o requisitos aparentemente neutrales terminan afectando de manera desproporcionada a determinados grupos.
Entre los ejemplos más comunes se encuentran ofertas de trabajo que solicitan “buena presentación” sin definir el concepto, o trámites oficiales que exigen documentación difícil de obtener en comunidades rurales.
Aunque estas reglas no mencionen explícitamente a un sector social, en la práctica pueden convertirse en mecanismos de exclusión.
Frente a este escenario, especialistas consideran necesario revisar leyes y políticas públicas para detectar disposiciones que perpetúan desigualdades, especialmente en estados con amplias brechas sociales y culturales como Yucatán.
Un reto social más allá del discurso oficial
El Gobierno estatal ha incluido en sus planes de desarrollo estrategias enfocadas en la protección de comunidades indígenas y la promoción de la no discriminación. Sin embargo, las estadísticas muestran que el desafío sigue siendo profundo.
Mientras Yucatán continúa proyectándose como un destino atractivo para inversiones y turismo, las cifras oficiales reflejan también una sociedad donde miles de personas todavía enfrentan desigualdad por su origen, apariencia, idioma o condición social.
Para organismos especializados, el primer paso para combatir el problema es reconocer su dimensión real. El siguiente, impulsar mecanismos de denuncia, educación y políticas públicas que permitan reducir una práctica que permanece presente en distintos niveles de la vida cotidiana.
Redacción: Yucatánalamano.
