La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) admitió el recurso y dará seguimiento al procedimiento para determinar si los señalamientos realizados por la diputada durante una sesión del Pleno vulneran la normativa en materia de derechos político-electorales de las mujeres.
La inconformidad surge por declaraciones emitidas durante la sesión ordinaria del 29 de mayo, en la que el Congreso discutía asuntos relacionados con los feminicidios y la violencia de género. En esa intervención, Magadán Alonzo cuestionó si las diputadas del PAN expresaban sus propias convicciones o respondían a intereses de terceros, además de calificar sus posturas como oportunistas, desatinadas y mezquinas.
Las legisladoras promoventes argumentan que dichas expresiones ponen en duda la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres que ocupan cargos de representación popular, al atribuir sus posicionamientos a influencias externas y no a criterios propios.
Como parte de la denuncia, las diputadas solicitaron que, en caso de acreditarse la infracción, el órgano electoral ordene a la legisladora ofrecer una disculpa pública ante el Pleno del Congreso del Estado, reconocer que sus manifestaciones fueron improcedentes y abstenerse de emitir comentarios similares en el futuro.
Asimismo, pidieron que, de existir una resolución definitiva que determine su responsabilidad, María Esther Magadán Alonzo sea incorporada al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, instrumento que concentra las resoluciones firmes emitidas por las autoridades competentes.
La legislación electoral, tanto federal como estatal, define la violencia política contra las mujeres en razón de género como cualquier acción u omisión sustentada en elementos de género que tenga como finalidad o consecuencia limitar, obstaculizar o afectar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres o el desempeño de un cargo público.
Este tipo de conductas puede ser cometido por servidores públicos, partidos políticos, representantes, superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, medios de comunicación o particulares, e incluye manifestaciones como amenazas, hostigamiento, violencia simbólica, psicológica o física, así como el uso de estereotipos que menoscaben la participación política de las mujeres.
El procedimiento permanece en la etapa de sustanciación, por lo que será el Iepac el encargado de analizar el contexto de los hechos, el contenido de las expresiones denunciadas y sus posibles efectos antes de emitir una resolución sobre la existencia o no de violencia política en razón de género y, en su caso, las sanciones que correspondan.
Redacción: Yucatánalamano.
