Así lo señaló Amelia Ojeda Sosa, consejera jurídica de la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), quien afirmó que el Congreso del Estado ha incumplido con la reforma constitucional requerida por la Corte.
Reforma constitucional pendiente
Según la abogada, la modificación al artículo primero de la Constitución local, que fue uno de los mandatos clave del fallo de la SCJN, no ha sido aprobada. La Corte ha determinado que ninguna entidad federativa tiene competencia para definir en qué momento comienza la vida, ni puede otorgar personalidad jurídica al embrión o al feto, por lo que este punto debe ser retirado del marco constitucional estatal.
Durante la votación de abril, el Congreso yucateco sí aprobó cambios al Código Penal, lo que permitió legalizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Sin embargo, la reforma constitucional no alcanzó la mayoría calificada de 24 votos que se requiere para modificar la Constitución del estado.
La jueza ordenó reponer la discusión y advierte sanciones
Tras esta votación incompleta, Unasse junto con el colectivo Abortistas MX solicitaron a una jueza federal que no se considerara cumplida la sentencia. La jueza coincidió con el planteamiento y ordenó al Congreso estatal retomar la discusión sobre la reforma constitucional.
El tema volvió al Pleno el 12 de agosto, pero nuevamente no se alcanzó la mayoría calificada. Ante esta situación, la jueza advirtió que el incumplimiento acarreará sanciones económicas, aplicables directamente al Congreso como institución, sin importar si algunos diputados votaron a favor o en contra.
Legal, pero aún con obstáculos
Si bien la reforma al Código Penal ya permite a mujeres y personas gestantes acceder de forma legal a servicios de aborto en hospitales y clínicas públicas, Amelia Ojeda advirtió que la falta de armonización constitucional mantiene un mensaje institucional de estigmatización y criminalización.
“No existe un impedimento legal para acceder al servicio, pero el estigma persiste. El artículo primero de la Constitución envía un mensaje contradictorio al derecho a decidir. Por eso es urgente completar la reforma, no sólo por obligación legal, sino por justicia social y equidad de derechos”, puntualizó la abogada.
Redacción: Yucatánalamano.
