Acusan engaños para quitar casas: jueza involucrada

Una nueva integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado es vinculada a casos de presunto fraude y despojo de propiedades inmuebles denunciados por dos personas, que han llevado sus demandas a la Fiscalía General del Estado y la justicia federal.

En ambos casos hubo sentencias del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil, a cargo entonces de Claudia Ileana Pedrera Irabién. La jueza, como ya informamos, fue nombrada consejera de la Judicatura y entró en funciones el primer día de este mes, en medio de protestas de uno de los sindicatos del Poder Judicial.

Con documentos en mano, Yolanda Saraí C.P. y José Gaspar R.G. afirman que fueron engañados por un supuesto acreedor y ahora están en peligro de perder sus viviendas, pues las resoluciones del juzgado favorecen a un despacho de abogados que figura con frecuencia en este tipo de juicios.

Su última esperanza es que procedan a su favor juicios de amparo que promovieron contra las resoluciones del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil, que dispuso el embargo y remate de sus propiedades para el pago de un adeudo que, sostienen, nunca contrajeron. Además, está en curso una denuncia penal de José Gaspar R.G. por presunto fraude.

Los afectados, quienes tuvieron el primer contacto entre sí cuando ya tenían en su contra los fallos que los condenan a pagar elevadas deudas mediante el remate de sus viviendas, afirman que están enterados de muchos otros asuntos en los que están involucradas las mismas personas, lo cual les lleva a pensar en un patrón de conducta ilícita.

De acuerdo con su relato, en sus casos asoman las siguientes coincidencias:

—Les atribuyen deudas con idéntico monto: 950 mil pesos.

—Es la misma persona que aparece como beneficiaria de sendos pagarés.

—Son los mismos abogados que representan al supuesto acreedor.

—El mismo juzgado atendió sus casos. En investigaciones propias se enteraron de otros expedientes similares en ese tribunal.

—Los abogados promovieron juicios ejecutivos mercantiles como endosatarios en propiedad. Es decir, adquirieron los pagarés para recuperar las cantidades. Es una figura distinta al endoso en procuración.

Antecedente y arrestos

Hace unas semanas informamos de una acción legal relacionada con fraudes inmobiliarios. El abogado Sergio Alberto S.P. y dos cómplices fueron encarcelados bajo los cargos de falsificación de documentos en general, falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, y asociación delictuosa.

Según las autoridades, mediante engaños habrían obtenido firmas en blanco para simular pagarés, promover juicios y apoderarse de las propiedades de sus víctimas.

Relato de los hechos

José Gaspar R.G., de 81 años de edad, resume su situación de la siguiente manera:

—Es propietario del tendejón “Ruby”, que funciona en su casa de la calle 48 con 53-C del fraccionamiento Francisco de Montejo.

—Comenzó a frecuentarlo en su tienda una persona que ahora sabe se llama Jorge Delgado Uc. Éste le preguntó en varias ocasiones si no le interesaba un préstamo para mejorar su expendio, que obtendría con rapidez.

—A mediados de agosto de 2023, ante la insistencia de Delgado Uc y una necesidad que le surgió por el pago de energía eléctrica de su tendejón, le externó al presunto promotor de préstamos su interés en veinte mil pesos.

Retraso y desaparición

—Jorge Delgado hizo una llamada telefónica y de inmediato le indicó al dueño del negocio que le llevarían el dinero, pero podían adelantar el llenado de documentos. Le hizo firmar un pagaré en blanco con el argumento de que seguirían con lo demás allí mismo.

—Como pasaba el tiempo sin aparente respuesta, Delgado hizo otra supuesta llamada y luego dijo que había retraso por un percance, pero el dinero ya estaba “en camino”.

—En ese momento entraron dos clientes. Los atendió el propietario de la tienda y al finalizar se percató de que el “gestor” se había retirado. Pasaron las semanas y Delgado Uc nunca regresó, lo cual no preocupó a José Gaspar R.G. porque pensó que no se aprobó el crédito.

Llega una sorpresa

—Meses después se enteró, por notificación del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil, que había una demanda en su contra promovida por los abogados Shuberth Jesús Baz Durán, Alma Nayely Vélez Cruz, Keila Alondra Gómez Pech, Eduardo Mezeta Lugo y Gabriel García Rodríguez en su carácter de endosatarios en propiedad de Jorge Delgado.

—En el expediente, registrado con el número 506/2023, se integró un pagaré “bueno por 950,00 pesos”, que supuestamente fue firmado el 15 de mayo de 2019 con vencimiento en la misma fecha de 2022, es decir, antes de que los protagonistas del caso se conocieran.

—Son evidentes en el pagaré —cuya copia pone a la vista del reportero— dos tintas y dos escrituras diferentes, como se hace constar en el peritaje que ofreció la parte demandada.

—El supuesto deudor dice que la jueza Claudia Ileana Pedrera Irabién no tomó en cuenta las discrepancias y concedió la razón a la parte demandante al dictar sentencia, condenándolo al embargo y posterior remate del 50% de la propiedad donde vive con su familia.

Otro caso, igual suma

Yolanda Saraí C.P. expone un panorama similar. Asegura que no firmó pagaré alguno y, por tanto, la rúbrica que está en su expediente —el número 505/2023— es falsificada aunque “muy parecida”.

Ella se enteró del juicio en su contra también cuando recibió la notificación del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil en su domicilio de la colonia Bojórquez.

Al igual que en el caso anterior, se menciona que el pagaré es “bueno por 950,000 pesos”, a favor de Jorge Delgado Uc. Se indica que fue firmado el 30 de septiembre de 2019, con vencimiento el 30 de septiembre de 2022.

A pesar de que nunca admitió la validez del documento cuya firma se le atribuye, su primera abogada se declaró a favor de llegar a un acuerdo. Por esa razón cambió de asesores jurídicos.

El 14 de mayo pasado la entonces jueza Pedrera Irabién la condenó al pago de la cantidad reclamada, más los intereses generados, y para ello dispuso el remate de su propiedad. Como en el caso relatado antes, los abogados de la afectada ya promovieron un juicio de amparo.

Aspectos que no pasan por alto

José Gaspar R.G. plantea también lo siguiente, apoyado por Yolanda Saraí con algunos comentarios:

—En el mismo juzgado hay otros casos con los mismos abogados y el mismo acreedor. Incluso, detrás de los suyos (505/2023 y 506/2023) está el 507 con idénticas características, lo cual indica que entran los expedientes “por paquete”. Eso sin tomar en cuenta los de otros juzgados.

—La razón aparente por la que se indica la cantidad de 950 mil pesos en los pagarés era forzar su ingreso al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil. Si fueran menores de 800 mil pesos irían a alguno de los juzgados mercantiles tradicionales. Solo el de Oralidad Mercantil —es el único con esa condición— admite los mayores de $800,000 y, además, los procedimientos en esa modalidad son más ágiles.

—Asumiendo que la parte demandante dijera la verdad, ¿cómo se puede explicar que una misma persona —Jorge Delgado Uc—, a quien ya ubicaron como propietario de un pequeño negocio de artículos de electrónica, pueda tener a la mano millones de pesos en efectivo para dar en préstamo? Solo con ellos dos dispuso, con escaso tiempo de diferencia, de casi $2 millones, según las demandas que no reconocen.

—Endosar “en propiedad” los pagarés significa que Jorge Delgado los vendió prácticamente a sus asesores legales. ¿Quién lo hace en esas condiciones de cantidades altas y con otros juicios abiertos?

—En la denuncia de fraude ante la Fiscalía se pide que esta autoridad gire oficios al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para conocer detalles de la situación financiera y fiscal del acreedor.

Abogado perito en grafoscopía

—El abogado Shuberth Baz aparece en el registro de peritos del Poder Judicial del Estado, como especialista en documentoscopía y grafoscopía. Conoce bien las técnicas relativas a las firmas y sus trazos.

—Les llama la atención que el mismo abogado obtenga con cierta rapidez el auxilio de la fuerza pública para desalojos de bienes inmuebles embargados, como se puede constatar en casos reportados en las redes sociales.

Finalmente, los demandados subrayan que seguirán los procesos penales y demandas de amparo en curso y piden al Poder Judicial que vea con seriedad este tema y no deje pasar los señalamientos contra jueces que incurren en supuestas irregularidades, y mucho menos los premie con ascensos.

“Basta ver la gran cantidad de juicios mercantiles que protagonizan las mismas personas para saber que las cosas no están bien, que hay grupos dedicados a esto”, dice el propietario de la tienda “Ruby”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Casos ¿Coincidencias?

Observaciones de 2 afectados en procesos que los ponen en riesgo de perder sus casas:

Como en paquete

En el mismo juzgado —Primero de Oralidad Mercantil— hay otros casos con los mismos abogados y el mismo acreedor. Incluso, detrás de los suyos (505/2023 y 506/2023) está el 507 de características idénticas, lo cual indica que entran expedientes “por paquete”. Eso sin considerar los de otros juzgados.

Van por la oralidad

La razón aparente por la que se indica la cantidad de $950 mil en los pagarés usados en su contra era forzar su ingreso a ese juzgado. Si fueran menores de 800 mil pesos irían a alguno de los juzgados mercantiles tradicionales. Solo el de Oralidad Mercantil admite los mayores de $800,000 y, además, los procedimientos en esa modalidad son más ágiles.

¿Agiotista millonario?

Asumiendo que los demandantes dijeran la verdad, dicen los informantes, ¿cómo se explica que una misma persona —Jorge Delgado Uc—, a quien ya ubicaron como dueño de un pequeño negocio de electrónica, pueda tener a la mano millones de pesos en efectivo para dar en préstamo? Solo con ellos dos dispuso, con escaso tiempo de diferencia, de casi $2 millones, según las demandas que no reconocen.

Nota original aquí 

Fuente: Diario de Yucatán/Angel Noh Estrada