Agua en Yucatán: mucha, pero de mala calidad y con líos legales

En Yucatán existe alta disponibilidad del agua, sin embargo su calidad es el principal problema debido a la vulnerabilidad del suelo cárstico, explica Rodrigo Llanes Salazar, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales.

El doctor en Ciencias Antropológicas destaca que la contaminación por plaguicidas, las descargas industriales y residuos de la industria porcina son amenazas serias para el acuífero. Otro problema es el desabasto a causa del crecimiento inmobiliario en ciertas zonas.

En medio de esta situación, comunidades indígenas se vuelven víctimas y deben recurrir a recursos legales con tal de defender su derecho humano al líquido. La reforma al sistema judicial puede complicar las cosas en este sentido opina el antropólogo, quien ha documentado los litigios por el agua en diversas comunidades.

“El problema es que no sabemos qué tan capacitados estarán los jueces y magistrados en temas ambientales. Como ahora tendrán que hacer campaña para ser elegidos, no queda claro cuánta competencia habrá en este ámbito ni cómo afectará esto los amparos ambientales que seguramente seguirán presentándose”, explica.

A solicitud del Diario, el especialista presentó un panorama de la situación del líquido en la entidad, con motivo del Día Mundial del Agua. A continuación, las ideas expuestas por el investigador.

Mucha agua en Yucatán

En el pasado, los misioneros y viajeros que llegaban a estas tierras pensaban que no había agua debido a la ausencia de ríos superficiales. Sin embargo, hoy día se reconoce que la Península de Yucatán cuenta con la mayor reserva de aguas subterráneas de todo el país.

Por ejemplo, el promedio de disponibilidad de agua en el estado es de 9,573 metros cúbicos por persona, lo que lo ubica como la cuarta entidad con mayor disponibilidad per cápita, después de Tabasco, Oaxaca y Chiapas. En comparación, el Estado de México tiene solo 74 metros cúbicos por persona, y la Ciudad de México apenas 54.

A nivel administrativo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clasifica a Yucatán como un acuífero con alta disponibilidad de agua para concesiones de extracción. Según el Programa Hídrico Regional 2024 de la Conagua, Yucatán tiene una disponibilidad de 5,759 hectómetros cúbicos anuales, es decir, millones de metros cúbicos al año.

Mala calidad del agua en Yucatán

Pese a esto, principal problemática no es la cantidad de agua, sino su calidad. La vulnerabilidad de los acuíferos de Yucatán a la contaminación es alta debido a la naturaleza kárstica del terreno.

El karst es un tipo de relieve formado por rocas carbonatadas altamente solubles, lo que genera un suelo muy poroso. Esto facilita la filtración del agua, pero también su exposición a contaminantes.

En algunas zonas, como el anillo de cenotes y el oriente del estado, el espesor del suelo es mínimo, con apenas unos centímetros de profundidad, lo que limita su capacidad de retención de contaminantes. “Son suelos bebés, muy chiquitos, muy delgados, de menos de 10 centímetros, muy frágiles”.

Sumado a esto, el agua dulce del acuífero se encuentra sobre una capa de agua salada y está rodeada por el mar. La sobreextracción de agua subterránea aumenta el riesgo de intrusión salina, reduciendo la disponibilidad de agua dulce.

Contaminantes del agua en Yucatán

En cuanto a los principales contaminantes, se han detectado plaguicidas altamente peligrosos, como heptacloro y lindano, además de residuos de DDT, un pesticida prohibido en muchos países pero que sigue presente en el medio ambiente debido a su persistencia. Estos químicos han sido encontrados en el agua, la sangre de personas y hasta en la leche materna, según estudios realizados en la región.

Otro problema relevante es la contaminación derivada de la industria porcina, una de las más controversiales en Yucatán.

“Y no solo se trata de los excrementos, sino también de sangre, desechos químicos, antibióticos y otros residuos. Los acuíferos cársticos son especialmente vulnerables a la contaminación por antibióticos… Esto genera una mayor resistencia microbiana o antibiótica en las bacterias, lo que lo vuelve aún más peligroso. Se han documentado casos de bacterias superresistentes”.

Impacto ambiental de las empresas

Durante la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que regula las descargas de aguas residuales, representantes de la industria ganadera expresó su preocupación por los límites estrictos para el desecho de contaminantes, argumentando que la norma podría poner en riesgo su operación en la península.

La norma entró en vigor en 2021, pero su aplicación depende de parámetros. Algunos tienen un tiempo de cumplimiento de, por ejemplo, cuatro años. Durante este periodo, las empresas deben ajustar sus plantas de tratamiento y sistemas para adaptarse a la nueva norma. Pero lo cierto es que la propia industria reconoce que no puede cumplir con estos requerimientos debido a las características del territorio.

“Muchas veces las empresas solo buscan ‘tener la palomita’, es decir, cumplir con el requisito en papel sin que realmente haya un funcionamiento adecuado de sus sistemas de tratamiento. Instalan biodigestores y otras tecnologías, pero sin garantizar que operen de manera eficiente para tratar todos los desechos de los cerdos”.

En el mismo tenor, en las pasadas Jornadas por el Día Mundial del Agua realizadas en el Cephcis, un constructor con más de 30 años de experiencia mencionó que las manifestaciones de impacto ambiental se presentan, pero rara vez son evaluadas de manera rigurosa. “Esto significa que muchos proyectos pueden estar subestimando su impacto real en el agua y el medio ambiente”.

Comunidades con agua contaminada en Mérida
Respecto a las comunidades afectadas por la contaminación o desabasto del agua hay varios casos emblemáticos en la región. Uno de ellos es el de Santa María Chi. Ahí la situación es extrema: el agua de pozo es completamente turbia y la pestilencia es constante en la zona.

Esta granja se ubica en Mérida, cerca de Cholul y Xcanatún, en una zona que se está convirtiendo en la “zona dorada” de la ciudad. Lo preocupante es que esta granja opera desde 1986 y carece de varios permisos: no cuenta con el de descarga de aguas residuales ni autorización de la manifestación de impacto ambiental. Si bien la Profepa ha impuesto sanciones y clausuras parciales a la granja, esta sigue operando.

La comunidad pierde su “derecho a la tranquilidad”. “Las personas han tenido que encerrarse porque el ambiente se ha vuelto insoportable: los olores, las moscas y los mosquitos hacen imposible una vida normal”.

En Yucatán, la Semarnat detectó 507 coordenadas de posibles granjas. “La mayoría de estas granjas están en comunidades mayas, no en el norte de Mérida o en Temozón”. Aquí entra el concepto de discriminación y racismo ambiental: se dejan las actividades extractivas y contaminantes a las comunidades más vulnerables.

Santa Gertrudis Copó, con desabasto

En Santa Gertrudis Copó prácticamente las casas ya no tienen agua; los tinacos no se llenan, ni siquiera alcanzan un cuarto de su capacidad. Las personas , deben llenar cubetas en la mañana y enfrentar condiciones sumamente precarias.

“Es alarmante que esto ocurra en un estado que, en teoría, tiene una de las mayores reservas de agua del país. Esto sucede, en parte, por el auge de los desarrollos inmobiliarios. Muchos de ellos no instalan su propia infraestructura hidráulica, sino que se conectan directamente a la red de las comisarías.

“Pero lo hacen con bombas de mayor capacidad y tuberías más grandes, lo que genera desigualdades en el acceso al agua, beneficiando a quienes tienen mayores recursos y perjudicando a la comunidad originaria”.

Además, Santa Gertrudis Copó y Santa María Chi están reconocidas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como comunidades mayas, lo que implica que cualquier proyecto que pueda impactarlas debe ser consultado con la población. No obstante, esto no ha ocurrido, violando sus derechos.

El problema no es exclusivo de esta zona. Hay reportes constantes en colonias de Progreso, Tizimín y el sur del estado sobre la falta de agua. Las quejas se han llevado incluso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado.” Es una situación que no se veía con esta intensidad hace algunos años, y sin embargo, Yucatán sigue figurando como un estado con gran disponibilidad de agua”.

¿ Qué hacer por el agua en Yucatán?

Para abordar el problema, es fundamental avanzar en una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua, así como una ley estatal en Yucatán, ya que actualmente el estado no cuenta con una normativa específica.

También es necesario diferenciar entre acceso y disponibilidad real: casi toda la población está conectada a la red, pero eso no significa que reciba agua de manera continua y en condiciones óptimas.

Otro aspecto clave es la información sobre la calidad del agua. El Estado debería publicar análisis constantes a través de la JAPAY u otra instancia, ya que actualmente los ciudadanos desconocen si el agua que reciben es segura para el consumo humano.

La asequibilidad es otro reto. En comunidades como Santa Gertrudis Copó, los desarrollos inmobiliarios pagan lo mismo que la población originaria, aunque su consumo es mucho mayor. Deberían establecerse tarifas diferenciadas para garantizar que quienes solo utilizan el agua para necesidades básicas no paguen lo mismo que quienes la usan para piscinas y riego de jardines.

La deforestación es otro problema que contribuye a la crisis del agua. Un mayor número de áreas arboladas ayudaría a la filtración natural del agua y a reducir la contaminación del acuífero. También sería útil fomentar el uso de sistemas de captación de agua de lluvia, tanto a nivel doméstico como en proyectos urbanos de mayor escala.

Reforma judicial

Por otro lado, es importante considerar los efectos de la reforma judicial. Esto podría afectar muchos temas relacionados con los amparos, especialmente en el ámbito de los derechos humanos y el alcance de las suspensiones.

“De por sí, ya es un proceso complicado. Lo que solemos ver es que se otorgan suspensiones provisionales a determinados proyectos, pero que los tribunales realmente entren al fondo del asunto es poco común. Incluso en el caso de Homún, el tema sigue pendiente en la Suprema Corte, que aún no ha tomado una decisión definitiva”.

El de Homún fue de los casos más sonados, aunque la granja ahí operó muy poco tiempo, de septiembre a diciembre de 2018. Sin embargo, abrió la puerta a muchos otros conflictos: después vinieron Kinchil, Sitilpech, Chapab, Santa María Chi, Huayalché, entre otros.

“Debemos replantear la manera en que gestionamos el agua en Yucatán, tomando en cuenta sus características geológicas y ambientales. Más que intentar controlar la naturaleza, debemos adaptarnos a ella, considerando soluciones sustentables para garantizar el acceso al agua en el presente y para las generaciones futuras”.

Nota original aquí

Fuente: Diario de Yucatán