Familiares de personas privadas de la libertad expulsadas a Estados Unidos impugnarán ante tribunales y organismos, incluso, internacionales, la decisión del gobierno federal de entregar a sus parientes sin haber seguido procesos formales de extradición.
Este lunes, junto con sus abogados, familiares de algunas de las 92 personas que han sido entregadas en condiciones similares –entre febrero pasado y enero de este año– delinearán una serie de acciones a escala nacional como internacional, en una conferencia de prensa.
Las tres entregas fueron justificadas por el gobierno federal como asunto de seguridad nacional, ya que los enviados tenían pendientes procesos legales que pudieron facilitar su libertad, y en algunos casos había riesgo de fuga.
Se advirtió que los reos estaban extendiendo sus redes de corrupción, amenazando a funcionarios, ordenando extorsiones y homicidios.
Entre las personas entregadas están Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy‘, y Abigael González Valencia, ‘El Cuini‘.
Vinculan a proceso a ‘El Botox’
César “N”, alias El Botox, fue vinculado a proceso el sábado por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En una audiencia virtual, aceptó ser el líder del grupo criminal Los Blancos de Troya y dedicarse a la extorsión a productores de limón.
‘El Botox’ añadió que no son el único grupo que extorsiona a limoneros en Michoacán e identificó a sus rivales: Los J. Múgica, Los Caballeros Templarios, Los Reyes, Los Viagras y el Cártel de la Virgen.
Acusó al gobierno de no hacer nada para detener a miembros de dichas organizaciones. “¿Por qué conmigo quieren apagar la lumbre que hay en Michoacán?”, cuestionó.
La fiscalía hizo la imputación y advirtió que no sólo extorsionaba a limoneros, con un peso por kilo empacado, sino también a productores de carne, pollo y transportistas.
El juez vinculó a proceso también a dos de los escoltas de ‘El Botox’, les dictó prisión preventiva oficiosa, negó su traslado a un prisión de Michoacán y dio un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
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Fuente: El Financiero
