Marca precedente como el primer Estado en contar con este órgano jurídico.
Yucatán se alista para ser el primer Estado del país en contar con una Defensoría Pública en Derechos Políticos-Electorales, para lo cual el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) integra el Reglamento del citado organismo tras la publicación del Decreto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
El consejero presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar, explicó que en este momento transita el plazo de 60 días para la definición del citado reglamento, y que asimismo consideran incluir un presupuesto para la nueva Defensoría Pública en el ejercicio 2024 toda vez que este año el organismo electoral tiene un financiamiento ajustado.
Recordó que en junio pasado el Congreso del Estado aprobó la creación de la citada instancia a través de una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que establece que será un órgano desconcentrado del Iepac, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es otorgar gratuitamente servicios de defensa y asesoría en materia electoral, a petición de parte, a las personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica, así como a otras que lo justifiquen al solicitar el servicio.
“Este es un punto muy importante, estamos en una revisión porque además da un plazo al Iepac para poder emitir lineamientos sobre el funcionamiento de esta área, es decir, 60 días hábiles a partir de la publicación, ya estamos corriendo sobre el tiempo.
Estaremos revisando porque es un área del Instituto que no se tenía considerada, y todos sabemos que presupuestalmente el Instituto Electoral viene ajustado y trataremos de ver de qué manera podemos cumplir con esas obligaciones y hacerlo funcionar, que tiempo tendrá para entrar en funcionamiento.
Sin embargo, como la propia reforma lo establece, lo estaremos considerando en el presupuesto 2024, lo necesario para que esta área funcione adecuadamente”, señaló.
Bates Aguilar analizó que es importante que las instituciones defiendan los derechos político-electorales del ciudadano, por lo que están concentrados en realizar los trabajos para materializar la reciente reforma de creación del nuevo organismo.
“Es una realidad sobre todo en los municipios que proceso electoral tras proceso electoral existen casos de violencia política pero muchas veces las personas no tienen los recursos económicos para realmente emprender un procedimiento, y la intensión es que no sea una limitante el no tener los recursos para que se haga justicia”.
Fuente: Novedades Yucatán/Israel Cárdenas
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