La dirigente explicó que, con la puesta en marcha de un nuevo padrón de asesores, la implementación de una ley específica y la operación de escuelas de formación profesional autorizadas, se busca que las transacciones inmobiliarias se realicen bajo estándares más estrictos de legalidad y responsabilidad.
“Ahora los asesores inmobiliarios asumirán obligaciones que antes no estaban claramente definidas, lo que permitirá un mayor orden en el sector y la aplicación de sanciones, como multas, a quienes incurran en malas prácticas”, señaló.
Al referirse al reciente anuncio sobre la autorización de centros de capacitación para asesores inmobiliarios, Pérez Aguilar destacó que el acelerado crecimiento de Mérida y del estado exige reglas claras y una planeación adecuada para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible.
Indicó que el dinamismo económico y poblacional de Yucatán ha incrementado la demanda de vivienda, así como de espacios comerciales e industriales, lo que hace indispensable regular la intermediación inmobiliaria para proteger el patrimonio de compradores e inversionistas.
En días recientes, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) dio a conocer la autorización de siete instituciones dedicadas a la formación de asesores inmobiliarios, así como la lista de cursos que impartirán. Para la presidenta de AMPI, este paso representa el resultado de años de trabajo orientados a profesionalizar el mercado.
Uno de los principales riesgos en las operaciones inmobiliarias, explicó, es la falta de certeza jurídica. Aunque el Insejupy es una de las fuentes más confiables del país para consultar antecedentes legales de los predios, muchas personas desconocen su existencia o no saben cómo utilizarla correctamente.
“Es fundamental que quienes intermedian en estas operaciones cuenten con los conocimientos legales necesarios para garantizar que los bienes de sus clientes estén debidamente protegidos”, afirmó.
Pérez Aguilar subrayó que la responsabilidad en una compraventa no recae en una sola parte, sino en todos los involucrados. Compradores, vendedores y asesores deben colaborar para verificar que la documentación esté completa, incluyendo permisos de habitabilidad y demás requisitos legales.
Respecto a las garantías para evitar que continúen las malas prácticas, reconoció que no existen soluciones absolutas, pero sí herramientas que reducen significativamente los riesgos, como la capacitación obligatoria en temas legales y fiscales, la publicación de padrones de asesores certificados y la posibilidad de sanciones administrativas.
Advirtió que permitir la operación de asesores no certificados puede generar una grave asimetría de información, lo que deriva en operaciones deficientes y conflictos legales posteriores. Por ello, consideró indispensable que la ciudadanía cuente con información clara para identificar a profesionales debidamente acreditados.
La presidenta de AMPI enfatizó que la certificación debe entenderse como un mecanismo de protección patrimonial y no solo como una estrategia comercial. “La profesionalización solo tiene sentido si se acompaña de contenidos técnicos rigurosos y evaluaciones reales de competencia”, sostuvo.
Capacitación con impacto real
Sobre el riesgo de que la certificación se convierta en un simple trámite administrativo, Pérez Aguilar señaló que existen dos factores clave para evitarlo: la calidad de los programas académicos y la seriedad en los procesos de evaluación.
“No se trata únicamente de cumplir con un número de horas de capacitación —que en este caso son 50—, sino de garantizar que los contenidos, los instructores y los métodos de evaluación realmente preparen a los asesores”, explicó.
El segundo factor, añadió, es la concientización de quienes ejercen la actividad inmobiliaria sobre el impacto social y económico de una mala decisión. “Una operación mal asesorada no solo afecta a quien compra o vende, sino que puede generar consecuencias para la comunidad y para el desarrollo del estado”, apuntó.
Finalmente, reconoció que aún existe un periodo de transición antes de que el nuevo esquema de capacitación y regulación opere de manera plena. No obstante, recordó que ya están vigentes herramientas de protección al consumidor, como la Norma Oficial Mexicana NOM-247 y la intervención de la Profeco, que regulan desde los contratos hasta la publicidad inmobiliaria.
La NOM-247, explicó, establece lineamientos claros para evitar información engañosa, obligando a que los anuncios reflejen con precisión las condiciones reales de los inmuebles ofrecidos.
Ante este panorama, la dirigente hizo un llamado a la ciudadanía para que, al realizar operaciones inmobiliarias, busque asesores profesionales debidamente capacitados y éticos, independientemente de si pertenecen o no a AMPI.
“La capacitación no debe verse como un requisito burocrático, sino como una herramienta que beneficia a toda la sociedad al reducir fraudes y fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario”, concluyó.
Redacción: Yucatánalamano.
