La asociación presentará ley estatal para la prestación del servicio
Enrique Trava Griffin, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la entidad, aseguró que «ante un boom inmobiliario que vivimos en Yucatán consideramos que es urgente regular este tema y es inaplazable».
Esta mañana, ratificando su posición como presidente de la AMPI, Trava Griffin enfatizó la importancia de que Yucatán cuente con una regulación en el sector inmobiliario, objetivo para el cual proponen crear la ley estatal de prestación de servicios inmobiliarios.
Con esta propuesta, señaló, pretenden regular la asesoría profesional inmobiliaria porque hasta ahora no existe una regulación al respecto; para ello, una de las acciones de la normatividad será crear un registro estatal de asesores inmobiliarios profesionales.
“Iniciamos de la mano del Poder Ejecutivo, empezamos a trabajar el anteproyecto con la Consejería Jurídica del estado”, explicó que esperan que sea el propio Ejecutivo quien presente el proyecto ante el Congreso local.
Reveló que 22 estados de México ya tienen una regulación al respecto y otras siete están en vías de crear la normatividad correspondiente en sus regiones.
También el presidente nacional de la AMPI, Ignacio Lacunza Magaña, habló acerca de esta ley que están impulsando en Yucatán, destacando que esperan que este año todos los estados cuenten con una regulación para el ámbito inmobiliario.
Señaló que le presentará una carta al gobernador, Mauricio Vila Dosal, con la cual le solicitan que apoyen la iniciativa de ley para la prestación de servicios inmobiliarios en el estado de Yucatán, misma que firmó durante el evento.
Advirtió que gente sin escrúpulos continúa jugando con el patrimonio familiar y de empresas, pues aún hay muchas personas que siguen en el sector sin ningún tipo de capacitación, certificación o alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La ley logrará una regulación al respecto, por lo que el apoyo del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son imprescindibles, opinó.
“Somos la segunda actividad más importante a nivel nacional y consideramos que es muy importante que protejamos a nuestros Estados, a nuestros municipios”.
Miguel Lemus, coordinador regional de la misma asociación, explicó que el propósito de la ley es proteger a la gente de malas prácticas y personas que no están calificadas ni certificadas ante las autoridades federales, estatales ni municipales.
Aprovechó también para opinar que el Tren Maya trae sentido de éxito e inversión para todo el mercado gracias a que une al sureste mexicano con cinco estados. “El beneficio económico de esa obra de infraestructura es a todas luces […] consolida también las inversiones que el sector privado está haciendo”.
Fuente: La Jornada Maya/Cecilia Abreu