El Congreso del Estado aprobó ayer la iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán.
Además, durante la prolongada sesión ordinaria,los diputados Alejandra Novelo Segura (Morena), Gaspar Quintal Parra (PRI) y Fabiola Loeza Novelo (sin partido) presentaron iniciativas para aumentar la pena de prisión por violencia familiar, para fomento del arbolado y para que entren en estudio todos los acuerdos propuestos.
Además de las iniciativas, en el punto de asuntos generales la diputada del PAN Manuela Cocom Bolio emitió un posicionamiento sobre la ratificación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las reformas y decretos aprobado por este Congreso del Estado ante la demanda de inconstitucionalidad que promovió el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el cual perdió en los juicios 655/2023, 657/2023 y 658/2023, todos relacionados con una mejora en la gobernabilidad, democracia y participación ciudadana porque están relacionadas con el funcionamiento del Iepac.
La diputada panista devolvió las críticas del diputado morenista Rafael Echazarreta, quien previamente despotricó contra las iniciativas del gobierno del estado, criticó al alcalde de Mérida con licencia, Renán Barrera, y a Xóchitl Gálvez.
La panista dijo que a más de cinco años del gobierno federal (que encabeza Andrés Manuel López Obrador) ven que las promesas de darle a los mexicanos mejores condiciones de vida poco a poco se van esfumando.
“Al día de hoy, el sello característico de Morena en su forma de gobierno es la improvisación, lo cual ya empieza a afectar directamente a todos los ciudadanos”, apuntó.
Mayor pena a la violencia familiar
La iniciativa de la diputada Novelo Segura consiste en aumentar de 20 a 30 años de prisión el delito de incesto y de violencia familiar de 10 a 20 años de prisión con los agravantes de daño moral y psicológico de las víctimas.
Propuso la reforma al artículo 316 del Código Penal.
La iniciativa de Gaspar Quintal propone una modificación a la Ley de Conservación y Desarrollo del Arbolado Público para fomentar el reverdecimiento de espacios públicos y privados y una disminución de superficies de concreto y asfalto.
Propone fomentar áreas verdes horizontales y verticales con especies endémicas o exóticas, ampliar las atribuciones de los ayuntamientos para que incentiven las áreas verdes y arboladas, promover la reforestación, remover concreto o asfalto en superficies innecesarias y que haya programas permanentes de arborización y áreas verdes en vías públicas y vialidades.
Control inmobiliario en Yucatán
Con una votación mayoritaria y distintas visiones entre diputados del PAN, PRI y Morena se aprobó ayer el paquete de leyes que busca regular la industria inmobiliaria, favorecer las condiciones de habitabilidad y mejora de la calidad de vida de los yucatecos en los próximos años.
Sólo el diputado morenista Rafael Echazarreta Torres tuvo una visión distinta a esos propósitos de la iniciativa que presentó el gobierno del Estado.
Él denunció en la tribuna que estas leyes tienen un trasfondo político, trastocará el crecimiento económico y desarrollo urbano en Mérida y los 105 municipios en los próximos 25 años, además que este paquete de leyes secuestra la propiedad privada y legitimiza el “Cártel Inmobiliario de Yucatán”.
Después recordó que precisamente la Consejería Jurídica del gobierno federal promovió una controversia contra estas leyes porque son violatorias del Artículo 115 Constitucional.
Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ya le dio palo” al Congreso del Estado, pero por el posicionamiento que hizo la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Carmen González Martín, no le ha sido notificada la resolución judicial.
Cártel inmobiliario en Mérida
Echazarreta Torres anticipó que ahora que se aprobaron las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, Ley de Gobierno de los Municipios, Ley de Desarrollos Inmobiliarios, Ley de Vivienda, y Ley sobre el Régimen de Propiedad Privada en Condominio, la bancada de Morena promoverá una acción de inconstitucional para que reviertan todas estas reformas a la legislación yucateca.
En sus tres intervenciones durante la sesión ordinaria de hoy, el diputado Echazarreta Torre, quien aspira a la candidatura a la presidencia municipal de Mérida por su partido Morena, hizo alusión al presunto cártel inmobiliario de Ciudad de México, involucró a la precandidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez y a Renán Barrera Concha, precandidato al gobierno de Yucatán por el PAN, porque este gobierno conservador quiere establecer esta mafia en Yucatán porque “ya tienen la escuelita de los panistas de la capital del país”.
Se mofó que hasta sabe quién será la futura titular de la nueva Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana, dependencia que crea el gobierno del Estado con base a estas leyes: la maestra Sayda Rodríguez, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
“Quieren crear una procuraduría de justicia ambiental y urbana para regular hasta el último centímetro de tierra del Estado. No estuvieron conforme con la Ley de Cambio Climático que aumentó los impuestos”, dijo Echazarreta.
“Quieren un órgano desconcentrado porque saben que van a perder el Estado en 2024 y quieren extender esta rapacidad. Tienen miedo a la gran ola guinda que hará ganar a Joaquín Díaz Mena en 2024”.
El diputado morenista hasta culpó al alcalde con licencia, Renán Barrera porque durante los 15 años que gobernó Mérida fue una década perdida.
Incluso, acusó que el gobierno conservador panista saliente tendrá el control administrativo, político y judicial por los siguientes 15 años porque en el Poder Judicial nombró magistrados por 15 años a los titulares de la Agencia de Transporte y la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica también estarán 15 años.
El fiscal general “sometido” estará 12 años, el fiscal anticorrupción siete años, los magistrados en materia administrativa cinco años, en breve el presidente de la Comisión de Derechos Humanos estará cinco años, el “cómplice” —como le llamó a la Auditoría Superior de Yucatán— estará ocho años, y la procuradora ambiental estará siete años.
Voces a favor de un paquete de leyes para Yucatán
La diputada Carmen González expuso en favor de este paquete de leyes garantizan el derecho a la ciudad.
Luego admitió que la Consejería Jurídica del gobierno federal promovió una controversia ante la Corte, la cual no se ha resuelto, y que estas reformas mejoran el diseño de este derecho a la ciudad para todos los residentes en Yucatán. Permitirá el disfrute de un ambiente sano, el uso adecuado del territorio y los recursos naturales y fortalece la jurisdicción territorial de los municipios y la coordinación intermunicipal.
Además, se indicó, contribuye al orden administrativo y da certeza a los habitantes. Fija parámetros para la reducción de riesgos ante desastres en los asentamientos humanos, mejora la gobernanza con mayor participación y crea el sistema de información territorial y urbana del estado.
“En conclusión, este Congreso hace frente al futuro de la habitación en el Estado con una característica fundamental: orden”, enfatizó la diputada Carmen González. “Ese orden nos permitirá seguir como un estado con calidad de vida, permitirá continuar con la transformación segura, con certeza para las familias y generación de confianza en las inversiones que permitan el crecimiento económico de nuestro estado, en fin, gozaremos de orden y tranquilidad”.
El diputado priista Gaspar Quintal Parra reconoció la apertura al diálogo de la diputada Carmen González en este debate y abonaron al dictamen a la Ley de Asentamientos Humanos, con lo que lograron que se definiera el concepto de gentrificación, que es la reestructuración de relaciones sociales de personas originarias desplazadas de un espacio urbano por otras de mayor capacidad económica que cambia el estilo de vida de un centro de población.
También ampliaron las atribuciones del Poder Ejecutivo para una mayor asesoría legal a las personas afectadas y que sea de carácter público el acceso universal al sistema de información territorial y urbano de Yucatán.
Por estas razones y por considerar que estas reformas garantizan una vida más digna al derecho a la ciudad, los dos diputados del PRI votaron a favor.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela González Ojeda, quien sustituyó a Vida Gómez Herrera, precandidata a la gubernatura de Yucatán por MC, propuso en ese momento tres modificaciones al dictamen pero fueron rechazadas por mayoría.
Quería que se incluyera la palabra movilidad como parte del derecho a la ciudad, que la ratificación de la procuradora ambiental sea por tres años en vez de otro período de siete años y que la nueva Ley de Asentamientos Humanos garantice el uso racional y la no contaminación del agua, pero sin retroactividad.
Al final del debate, este paquete de modificaciones de leyes que regulan la propiedad, la vivienda y el desarrollo urbano fue aprobado por 21 votos a favor y tres en contra.
Más iniciativas en el Congreso
En la sesión ordinaria, que duró 3 horas y asistieron 24 de 25 diputados por ausencia autorizada del diputado Harry Rodríguez Botello Fierro, también se turnaron a comisiones la terna que mandó el Ejecutivo para la designación del magistrado o magistrada pendiente del Tribunal Superior de Justicia, el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial para 2024 y de las leyes que forman el paquete fiscal y económico del gobierno del Estado para 2024.
También la iniciativa de reforma al código penal para sancionar el abuso sexual en transporte público, el decreto que declara el 29 de noviembre de cada año el Día Estatal de la Lucha contra el Cáncer de Próstata y el día 9 de marzo como un Día Sin Nosotras en el estado de Yucatán.
La próxima sesión ordinaria fue convocada para el miércoles 6 de diciembre, a las 11 horas.
Fuentes: Diario de Yucatán.
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