La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) manifestó su “profunda preocupación” ante la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación presentada por el Ejecutivo Federal.
En un comunicado en sus redes sociales, se indicó que la propuesta no subsana los problemas estructurales de la reforma judicial aprobada en 2024, y agrava la incertidumbre institucional, jurídica y económica que atraviesa México.
La institución señaló que la propuesta omite atender el problema de fondo en la impartición de justicia. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados acusó que se continúa con el desmantelamiento progresivo del sistema de carrera judicial —antes basado en méritos, exámenes, experiencia y especialización— para sustituirlo por mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable.
Respecto al aplazamiento de la segunda parte de la reforma judicial para el año 2028, el organismo consideró que la medida es necesaria, pero advirtió que carece de efectividad al no venir acompañada de una política pública que favorezca explícitamente a los candidatos con mayor preparación y experiencia.
“La impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política. Un juez constitucional o un magistrado federal no son ni pueden ser delegados de intereses mayoritarios ni operadores políticos; son garantes de la Constitución”, destacó.
El pronunciamiento hace hincapié en las repercusiones financieras de la propuesta. Según el organismo, las modificaciones al Poder Judicial ya provocaron un deterioro en la percepción de la seguridad jurídica en el país, lo que afecta de forma directa las condiciones para la inversión tanto nacional como extranjera.
La BMA subrayó que ninguna economía moderna es capaz de sostener niveles adecuados de crecimiento si los inversionistas pierden la confianza en los tribunales o si estos dejan de ser independientes y técnicamente competentes. Sostienen que la iniciativa actual no ofrece mecanismos para fortalecer la estabilidad regulatoria y, por el contrario, incrementa las dudas sobre la imparcialidad de quienes resolverán conflictos económicos de alta complejidad.
Para la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la legitimidad de los juzgadores no proviene de su popularidad electoral, sino de su independencia, imparcialidad, capacidad técnica y sujeción estricta al orden constitucional.
Ante este escenario, el organismo hizo un llamado firme al Poder Ejecutivo y a los actores políticos para que cualquier modificación al sistema judicial se construya a través de un diálogo amplio, técnico y plural. Rrecalcó que el objetivo debe ser priorizar el Estado de Derecho y la independencia judicial como requisitos indispensables para la democracia y el desarrollo económico de la nación.
Fuentes: López Dóriga Digital.
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