Aunque aclaró que desconoce el memorando de la DEA que advierte de una infiltración que el crimen organizado puede hacer en el Poder Judicial federal ante la eventual reforma, Héctor Cabrera Rivero, exfiscal del Estado, consideró improbable que eso suceda.
Para empezar, dijo, “no se trata de que cualquiera que levante la mano sea candidato, hay reglas y formas”.
Asimismo, afirmó que esta reforma aplicaría también para los poderes judiciales de los Estados; es decir, el de Yucatán se tendría que renovar con las nuevas reglas que se proponen, que incluyen la elección por parte de la ciudadanía.
¿Qué dice la reforma al Poder Judicial y cómo se aplicaría en Yucatán?
La reforma al Poder Judicial local, agregó, se determinará cuando se adecue la ley estatal, pero indicó que la iniciativa de reforma federal ya la considera en la fracción III del artículo 116.
La 4T propone que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por los ciudadanos, lo que ha desatado varias críticas.
Además, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) alertó que la elección de jueces y ministros por voto popular en México propiciaría que los cárteles de la droga que hoy dominan y controlan buena parte del país postulen y promuevan a sus abogados como candidatos a ministros, magistrados y jueces del nuevo Poder Judicial federal.
Cabrera Rivero dijo que desconoce el contenido del memorando de la DEA sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en consecuencia no cuenta con información suficiente para emitir una opinión responsable y razonada al respecto.
Sin embargo, sobre los señalamientos opositores a la iniciativa, dijo que “es improbable que la reforma ‘per se’ se convierta en una amenaza y que la llamada delincuencia organizada postule a personas como candidatos para ser electos como ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular”.
Según explicó, en el esquema que se plantea a nivel federal el Ejecutivo propondría 10 candidatos a ministros, el Poder Legislativo 10 (Cámara de Diputados 5 y Cámara de Senadores 5) y el Poder Judicial hasta 10, después de una revisión de los perfiles, requisitos y elegibilidad.
Añadió que los aspirantes se presentarían a elecciones, sin financiamiento público ni privado y en un proceso regulado por el INE.
El INE, dijo, es un órgano constitucional autónomo con funciones de máxima autoridad electoral, por lo que se evitaría la posibilidad de intervención criminal en cualquiera de sus formas durante el proceso.
Renovación de los Poderes Judiciales estatales
El exfiscal señaló que falta discutir la iniciativa, pero en esencia le parece que se fortalece el equilibrio entre poderes, “como no sucedió en Yucatán con la reciente reforma al Poder Judicial local”.
También indicó que si bien se considera la elección por voto popular, es cierto que es de manera indirecta, porque los que aspiran a ocupar los cargos ya habrán pasado un tamiz de perfiles y elegibilidad para serlo.
Asimismo, reiteró que esta misma iniciativa abarca lo mismo para los poderes judiciales de los estados, o sea que se deberán reformar las leyes en cada entidad para adoptar y aplicar estas medidas de renovación de los Poderes Judiciales estatales.
Fuente: Diario de Yucatán/David Domínguez Massa