La aprobación se dio durante la última sesión del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de la actual Legislatura, luego de un proceso que incluyó mesas de trabajo, consultas públicas y el análisis de diversas propuestas legislativas que finalmente se integraron en un solo dictamen.
El proyecto, elaborado por las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social, así como de Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos Vulnerables, establece que las personas dentro del espectro autista deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos, con énfasis en el respeto a su autonomía, dignidad y capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida.
Implementación gradual
La nueva legislación entrará en vigor seis meses después de su publicación oficial. En ese mismo plazo, el Poder Ejecutivo estatal deberá emitir el reglamento correspondiente. En tanto, la operación del Centro de Atención contemplado en la ley quedará supeditada a que se cuente con la infraestructura adecuada y el personal especializado necesario para su funcionamiento.
Voces legislativas y reconocimiento social
Durante el debate en el Pleno, las y los legisladores que promovieron las iniciativas que dieron origen a la ley coincidieron en destacar el papel fundamental de la sociedad civil en este logro.
La diputada Clara Rosales, del grupo parlamentario de Morena, subrayó que el dictamen fue resultado de un trabajo coordinado entre todas las fuerzas políticas, y reconoció que el estado tenía una deuda pendiente con las personas autistas y sus familias.
Desde la bancada del PAN, el diputado David Valdez resaltó la perseverancia de los colectivos ciudadanos que durante años impulsaron el tema, especialmente a través de foros realizados tanto en Mérida como en municipios del interior. Señaló que la aprobación de la ley es solo el inicio y que el verdadero reto será garantizar su aplicación efectiva más allá del papel.
Por su parte, la diputada Larissa Acosta, de Movimiento Ciudadano, enfatizó que la legislación deberá evaluarse y fortalecerse con el tiempo. Advirtió sobre la ausencia de un presupuesto específico para su implementación y señaló que será indispensable asignar recursos suficientes para que los derechos reconocidos se traduzcan en beneficios reales, como inclusión laboral, educación accesible y mejores condiciones de vida.
Un logro impulsado desde la comunidad
Durante la sesión, los colectivos presentes manifestaron su respaldo con pancartas y pañuelos amarillos desde las galerías del recinto legislativo. Para muchas familias, la aprobación de esta ley representa el resultado de años de insistencia, organización y exigencia de un marco legal que abra camino a una inclusión efectiva en todos los ámbitos de la sociedad.
Redacción: Yucatánalamano.
