La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de Yucatán, donde se avaló un dictamen para modificar los artículos 33 y 221 del Código Penal estatal. El objetivo es ampliar el concepto de reparación del daño en los casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
La iniciativa fue promovida por el diputado Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán, quien señaló que detrás de cada proceso legal por pensión alimenticia existen familias que enfrentan dificultades económicas mientras buscan que se haga valer este derecho.
Reparación integral del daño
Con los cambios propuestos, las autoridades judiciales deberán considerar dentro de la reparación del daño no sólo el pago de pensiones atrasadas. También podrán incluir los gastos que las personas afectadas hayan tenido que asumir mientras persistía el incumplimiento.
Entre los conceptos que podrían contemplarse están los recursos utilizados para cubrir la manutención de las y los dependientes, las deudas adquiridas para solventar necesidades básicas y los honorarios por asesoría legal particular, siempre que estos gastos se comprueben ante el juez.
El dictamen también establece que, en casos donde se vulneren derechos de niñas, niños y adolescentes, deberá prevalecer el principio del interés superior de la niñez, con el fin de reforzar la protección legal hacia este sector.
Asimismo, la reforma contempla que cuando el incumplimiento afecte a hijas, hijos o personas adultas mayores —o cuando las víctimas no estén en condiciones de presentar una denuncia— el delito pueda perseguirse de oficio. Esto permitiría que el Ministerio Público intervenga directamente y promueva la designación de un tutor o representante legal.
Un derecho fundamental
Durante el análisis del dictamen, las diputadas y diputados Neyda Pat Dzul y Gaspar Armando Quintal Parra presentaron propuestas para reforzar el contenido de la reforma, mismas que fueron incorporadas al documento final aprobado en comisión.
En su intervención, Monforte Marfil subrayó que la pensión alimentaria no debe verse como un simple trámite administrativo, sino como un derecho esencial que garantiza condiciones básicas como alimentación, salud y educación para niñas y niños.
El legislador indicó que durante años muchos deudores solventaban únicamente los pagos atrasados cuando enfrentaban un proceso legal, sin asumir el impacto económico que su omisión provocó en las familias.
Finalmente, el dictamen será turnado a las y los integrantes del Congreso para continuar con el proceso legislativo y posteriormente someterse a votación en el Pleno.
Redacción: Yucatánalamano.
