El Consejo Electoral del Estado aprobó en días pasados por unanimidad el acuerdo que dio respuesta de forma inmediata a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre la denuncia que realizaron ciudadanos de los sectores indígena y LGBTI de Yucatán.
Ciudadanos de estas comunidades pidieron al Iepac una consulta e información sobre los municipios y distritos electorales que están considerados como indígena y personas prioritarias vulnerables para la elección del 2 de junio de 2024, pero aparentemente el órgano electoral estatal dilató el cumplimiento.
Este presunto atraso lo remarcó el representante de Movimiento Ciudadano, Eddie Humberto Maldonado Uh, durante la sesión extraordinaria del jueves pasado. Realizó una larga crítica a los consejeros, acusó de omiso a la Comisión Ejecutiva y pidió una investigación y sanción contra el titular de esta oficina.
La respuesta y defensa del Consejo Electoral vino por parte de los consejeros Delta Alejandra Pacheco Puente y Jorge Vallejo Buenfil.
La consejera Pacheco hizo una amplia exposición de todo el trabajo de difusión, promoción por medio de foros, reuniones en las comunidades, la información que está disponible en la página web del Iepac y otras acciones que realizaron para informar a la sociedad.
Jorge Vallejo avaló la defensa de su colega y destacó que en realidad quienes fueron los omisos en el cumplimiento de equidad y paridad fueron los diputados locales.
“En dos ejecutorias distintas el TEE dijo que hay omisión legislativa en materia indígena y en la comunidad LGBTI”, reiteró el consejero electoral. “Debieron de hacer una serie de normas que den viabilidad a los derechos indígenas y de la comunidad LGBTI, así como se hizo con la comunidad afroamericana”.
Vallejo Buenfil pidió a los consejeros y representantes de partidos que valoren en su justa dimensión la actuación del Consejo General y que emitan una versión pública de este caso, pero protegiendo los datos personales de los ciudadanos.
Máximo tope de financiamiento a campañas
Otro tema importante que aprobaron por unanimidad los consejeros electorales fue el tope máximo de financiamiento público y privado, que son montos casi similares.
Según el acuerdo que aprobaron los consejeros, las aportaciones de candidatos y simpatizantes para el proceso electoral 2023-2024 es por un monto total de $116.555,305.
El PAN puede recibir de sus simpatizantes por concepto de financiamiento privado $35.1 millones; el PRI, $24.6 millones; Morena, $26.7 millones; PRD, $7.4 millones; PVEM, $7.7; MC, $7.9 millones; Nueva Alianza, $6.8 millones.
El límite de las aportaciones al año de candidatos y simpatizantes será de $34.370,666, y el límite individual al año de simpatizantes por $2.148,166.
En el caso del PT solo recibirá financiamiento privado por $2.343,611. En el caso de candidatos independientes el tope máximo no rebasará el 10 por ciento.
Los consejeros también aprobaron por unanimidad que el Consejo General firme un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y dicho acuerdo se informe a cada uno de los integrantes.
Fuentes: Diario de Yucatán.
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