De acuerdo con un comunicado oficial, la decisión judicial permite que los trabajos sigan su curso de manera legal, mientras que la audiencia para definir la posible suspensión de los actos atribuidos a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Progreso fue reprogramada para este viernes 24 de octubre.
La autoridad estatal destacó que el Gobierno de Yucatán es el responsable directo de la ejecución de las obras, y que la resolución que negó la suspensión definitiva ya fue ratificada en ambas instancias, luego de que un tribunal colegiado declarara sin materia el recurso de revisión.
Tribunal federal concede suspensión provisional en otro proceso
En paralelo, un Tribunal Colegiado Federal determinó la suspensión provisional de los trabajos de dragado y relleno de más de 80 hectáreas en la misma zona portuaria, dentro del juicio de amparo 1919/2025, promovido por un grupo de activistas que advierten sobre posibles daños al ecosistema marino.
Según los abogados Juan Andrés Medina Rejón y José Alfredo Uicab Panti, representantes legales del amparo, los procedimientos de ampliación del puerto se habrían iniciado sin los permisos ambientales requeridos, ni los estudios técnicos correspondientes, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los análisis batimétricos y morfológicos del fondo marino.
“La medida cautelar busca proteger el entorno marino, la actividad pesquera artesanal y los derechos de las comunidades costeras”, señaló Medina Rejón. “El dragado no puede continuar sin las garantías ambientales necesarias ni sin una consulta pública previa”, añadió.
Redacción: Yucatánalamano.
