La Casa Blanca comenzó a cumplir sus amenazas de despedir a miles de empleados federales en medio del cierre del gobierno, que ya lleva 10 días, con recortes en agencias como los Departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS), Seguridad Nacional (DHS) y Comercio.
Los despidos marcan la primera reducción masiva de personal federal durante una interrupción de financiamiento en la historia moderna, y van más allá de los permisos temporales característicos de cierres anteriores.
La medida eleva las apuestas en el prolongado enfrentamiento con los demócratas sobre el financiamiento federal y los subsidios de salud.
La lucha por defender a los trabajadores federales
El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, anunció los recortes mediante una breve publicación en redes sociales el viernes. Aunque un alto funcionario confirmó que miles de trabajadores resultan afectados, el alcance total de los despidos aún no está claro.
Sindicatos que representan a cientos de miles de empleados federales presentaron el viernes una solicitud de emergencia ante un juez en San Francisco para detener de inmediato los despidos masivos.
El recurso busca impedir que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ordene la ejecución de las cesantías y que las agencias emitan notificaciones antes de la audiencia judicial programada para el 16 de octubre.
Portavoces de los departamentos de Salud, Seguridad Nacional, Educación y Vivienda confirmaron que trabajadores de sus dependencias están entre los despedidos. Según un funcionario estadounidense, también hubo recortes en el Departamento de Comercio. Un sindicato de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) indicó que su personal también fue afectado.
Culpan a los demócratas por despidos de Trump
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, culpó a los demócratas por los despidos.
“Durante diez días la Casa Blanca ha esperado que los demócratas del Senado recapaciten y hagan lo correcto: financiar el gobierno”, dijo Thune antes de que se anunciaran los despidos.
Días antes, algunos republicanos en el Congreso habían pedido a la Casa Blanca que se abstuviera, argumentando que la medida contradice su mensaje de apoyo a los trabajadores federales.
La senadora Susan Collins, de Maine, presidenta del comité de asignaciones del Senado, se convirtió en la primera republicana en oponerse públicamente a las acciones de Vought, aunque mantuvo su crítica a los demócratas por el cierre.
“Los despidos arbitrarios provocan la falta de personal necesario para cumplir las misiones de las agencias y brindar servicios esenciales, y dañan a las familias en Maine y en todo el país”, dijo.
Los demócratas sostienen que gastar dinero en despidos durante un cierre es ilegal.
‘Nadie obliga a Trump y a Vought a hacer esto’
El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó las cesantías como un ataque directo contra los trabajadores estadounidenses que genera “caos deliberado”.
“Seamos claros: nadie obliga a Trump y a Vought a hacer esto”, dijo Schumer. “No tienen que hacerlo; quieren hacerlo”.
Los recortes ocurren horas antes de que el Departamento de Justicia deba presentar ante un tribunal un informe detallando cualquier plan de despidos durante el cierre. La audiencia está programada para el 16 de octubre.
Más de dos tercios de los empleados civiles federales han seguido trabajando durante este cierre, ya sea por desempeñar funciones esenciales o porque su financiamiento está asegurado. El resto ha sido enviado a casa sin paga.
Reducción federal
La medida recuerda los esfuerzos de Elon Musk a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a principios de este año, cuando impulsó la reducción del personal federal mediante renuncias voluntarias, jubilaciones y despidos selectivos.
Aproximadamente 150 mil de esas bajas voluntarias se hicieron efectivas al inicio del nuevo año fiscal, el 1 de octubre, aunque algunos recortes se mantienen suspendidos por demandas judiciales.
Los despidos de este viernes representan el más reciente intento de Trump de hacer que el cierre golpee con mayor fuerza a las bases demócratas, mientras clasifica sus propias prioridades como “servicios esenciales”.
Horas después de iniciado el cierre a comienzos de mes, la administración Trump congeló 18 mil millones de dólares en fondos para infraestructura en Nueva York, 2 mil millones para el transporte de Chicago y 8 mil millones para proyectos de energía verde en 16 estados —todos ellos con mayoría de votos por la demócrata Kamala Harris en las últimas elecciones presidenciales—.
La Casa Blanca ha reconocido que los recortes impulsados por DOGE implican riesgos políticos. Trump ha admitido que las medidas de Musk no fueron populares, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que el enfoque “se equivocó de orden” al comenzar con despidos masivos en lugar de buscar eficiencias.
La táctica, sin embargo, le permite a Trump reforzar su mensaje ante su base MAGA, a la que ha dicho repetidamente que el gobierno federal está lleno de burócratas que obstaculizan su agenda. Pero también limita la capacidad de los republicanos para culpar a los demócratas por las consecuencias más graves del cierre.
En el Congreso, las negociaciones bipartidistas continúan de manera intermitente, con algunos demócratas dispuestos a apoyar medidas de gasto temporal.
Sin embargo, los líderes de ambos partidos siguen divididos sobre si extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) debe formar parte del acuerdo para reabrir el gobierno.
Los demócratas advirtieron que las acciones de Vought harán aún más difícil alcanzar un acuerdo para poner fin al cierre, ya que erosionan la confianza. Revertir los despidos se convertirá en una de sus principales demandas en cualquier negociación futura.
Fuentes: El Financiero.
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