Habitantes de la comunidad alertan sobre una venta ilegal masiva de terrenos ubicados en la zona federal marítimo-terrestre, lo que pone en riesgo tanto al ecosistema como a decenas de familias locales.
Vecinos han dado a conocer planos de lotificación que se están distribuyendo entre potenciales compradores, donde se delimitan parcelas dentro de las dunas costeras. Estos terrenos, que se extienden desde la línea de vegetación hasta la orilla de la playa, forman parte del patrimonio nacional y están prohibidos para cualquier tipo de transacción privada.
La situación se agrava con la instalación de alrededor de 180 palapas a lo largo de la franja costera, desde el Oriente hasta el Poniente, que los pobladores califican como una invasión significativa del territorio federal.
Los terrenos en venta corresponden principalmente a la duna costera hacia el interior, y la venta y desarrollo de estos espacios implicaría la destrucción de esta barrera natural, lo que tendría un impacto ecológico irreparable.
Entre los señalados en esta controversia se encuentran el excomisario municipal Miguel Antonio Ek, el actual comisario Joaquín Galaz y Carlos Gerardo Lalo Chocho, quienes, según testimonios locales, han convocado a personas con derechos sobre terrenos otorgados en administraciones anteriores.
Se menciona que Chocho ha donado lotes públicamente, asegurando contar con una concesión y reservándose solamente dos parcelas para uso personal. Sin embargo, ha manifestado tener títulos de propiedad que no ha presentado ante la comunidad y que, de existir, serían inválidos conforme a la legislación vigente.
Autoridades federales han reiterado que la zona marítimo-terrestre no puede ser objeto de títulos de propiedad y que solo se pueden otorgar concesiones bajo estrictas regulaciones. Por lo tanto, quienes adquieran estos lotes no solo perderían su inversión, sino que podrían enfrentarse a sanciones legales.
Instancias como la Semarnat y la Profepa ya han intervenido en la zona en ocasiones anteriores, ordenando la demolición de construcciones irregulares, incluyendo una palapa levantada sin permisos junto al muelle por parte de Chocho.
La comunidad exige una investigación profunda por parte de las autoridades federales sobre estas ventas irregulares y las actividades de los implicados, ya que este conflicto no solo amenaza la biodiversidad local, sino que también podría tratarse de un fraude en contra de ciudadanos.
El futuro del ecosistema y la protección de la población dependen ahora de la respuesta efectiva y oportuna de las autoridades competentes.
Redacción: Yucatánalamano.
