Reconoce a cada vecino, sabe a qué hora pasa el panadero con su canasta y distingue el repique de las campanas de la parroquia cada domingo. Sin embargo, en los últimos años ha notado cambios evidentes: donde antes había una ferretería, ahora hay un café con letreros en inglés.
Frente a su casa se levantaron nuevos departamentos con rejas que le resultan ajenas. Además, los hijos de sus vecinos de toda la vida —quienes se mudaron porque ya no podían costear los impuestos— ya no han vuelto.
Lo que ella observa no es casualidad. Tiene nombre, datos y consecuencias claras: Mérida está desplazando a sus propios habitantes.
Un indicador alarmante
Actualmente, solo el 20% de la población en Yucatán puede comprar vivienda sin comprometer más de un tercio de sus ingresos. A nivel internacional, este umbral suele marcar el inicio de una crisis habitacional; en el estado, refleja una situación ya presente.
El Programa de Mediano Plazo de Vivienda 2025-2030 del gobierno estatal estima que cerca de 170,000 familias carecen de casa propia. Aunque se contemplan 50,000 acciones de vivienda, la cifra resulta insuficiente frente a la demanda, sobre todo en el área metropolitana de Mérida.
El problema no es simplemente la falta de viviendas, sino la ausencia de opciones accesibles, cercanas a los centros de trabajo y acordes al nivel salarial local.
Ingresos locales, precios globales
El costo promedio de renta en Mérida ronda los 15,000 pesos mensuales, impulsado por la llegada de personas de otras regiones del país y del extranjero. En contraste, el ingreso promedio en Yucatán es de aproximadamente 8,000 pesos al mes.
Esto genera una brecha evidente: en zonas como Los Héroes, el alquiler puede absorber prácticamente todo el salario antes de cubrir servicios básicos o alimentación.
Además, las rentas han incrementado alrededor de un 7% anual, superando la inflación y encareciendo distintas zonas de la ciudad. Esto ha obligado a muchas familias locales a desplazarse hacia áreas más económicas.
Gran parte de este fenómeno está vinculado a la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo: extranjeros, jubilados o trabajadores remotos que perciben ingresos en otras monedas. Mientras para ellos los precios resultan accesibles, para los habitantes locales representan varios meses de sueldo.
Barrios tradicionales como Santiago y Santa Ana han visto incrementos significativos en los alquileres, alcanzando entre 12,000 y 20,000 pesos mensuales, muy por encima del ingreso promedio local.
Una expansión desigual
El encarecimiento de la ciudad no ocurre de manera homogénea; se extiende gradualmente desde el centro hacia otras zonas. Entre las áreas más afectadas se encuentran el Centro Histórico, Paseo de Montejo, Santa Lucía, Santiago, Santa Ana, la calle 47 y colonias como México, Itzimná y García Ginerés.
En sectores como Temozón Norte, el valor del suelo ha crecido más de un 20% en apenas dos años, dificultando la implementación de vivienda social.
Cuando el norte de la ciudad se vuelve inaccesible, la presión se desplaza hacia comunidades cercanas. En lugares como Chablekal, Santa Gertrudis Copó y el propio Temozón, los habitantes reportan problemas crecientes: transporte insuficiente, tráfico, aumento en el costo de servicios y tensiones entre residentes antiguos y nuevos.
Más allá de la vivienda
El desplazamiento no solo implica cambiar de casa; también rompe dinámicas comunitarias construidas durante generaciones.
En algunas localidades, nuevos residentes han intentado restringir actividades tradicionales, como fiestas o celebraciones religiosas, alegando molestias por el ruido. Al mismo tiempo, propietarios optan por transformar viviendas familiares en espacios comerciales o de renta más lucrativa.
Habitantes de comisarías señalan que incluso prácticas culturales, como el uso de fuegos artificiales, han sido cuestionadas por los recién llegados. En muchos casos, esto genera una sensación de pérdida de identidad y pertenencia.
La especulación inmobiliaria también ha propiciado la aparición de “ciudades dormitorio”, donde las familias desplazadas viven lejos de sus empleos, escuelas y redes de apoyo.
Retos pendientes
Entre 2010 y 2020, la población de Yucatán creció casi un 19%. Este aumento, combinado con la migración interna y el alza en el valor del suelo, ha ampliado la brecha entre la oferta de vivienda y su accesibilidad real.
Especialistas del sector inmobiliario señalan que el mercado por sí solo no resolverá el problema. Proponen medidas como reservas territoriales con precios regulados, mayor densificación urbana y procesos administrativos más ágiles.
También advierten la falta de políticas efectivas para controlar fenómenos como la gentrificación o el alquiler a corto plazo en plataformas digitales, que reduce la disponibilidad de vivienda permanente.
Mientras tanto, doña Carmen continúa en su hogar. Pero sabe que sus hijos, cuando decidan independizarse, probablemente tendrán que irse lejos. Muy lejos de las calles, los sonidos y las personas que han definido toda su vida.
Redacción: Yucatánalamano.
