Con el voto en contra de los diputados de la oposición, la bancada del PAN y sus aliados nombraron a Luis Armando Mendoza Casanova como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a pesar de los llamados en contra, ya que es acusado de violencia familiar.
Entre gritos de “Congruencia, congruencia, 3 de 3, 3 de 3”, de mujeres dirigentes de organizaciones feministas, se realizó la votación para elegir a Mendoza Casanova, quien resultó magistrado con 18 votos a favor, 4 nulos y 3 a favor de otro aspirante.
Antes, también se designó a Mario Can Marín como primer secretario técnico de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica con 22 votos a favor y 3 nulos, así cómo a Rubén Arjona Ortiz como nuevo Auditor Superior del Estado con 21 votos a favor y 4 en contra.
Entre protestas, nombran magistrado a Luis Armando Mendoza
A diferencia de los nuevos funcionarios, que de inmediato cumplieron la ceremonia del compromiso para asumir sus cargos sin problemas, cuando Mendoza Casanova cumplía este requisito las mujeres inconformes le dieron la espalda con una manta en blanco.
La manta en blanco, a decir de las mismas mujeres, fue para significar que en este nombramiento “no existió para los diputados la ley 3 de 3, murió con esto esa norma”.
Para terminar con la jornada de nombramientos en el Congreso, José Pablo Abreu Sacramento fue electo por unanimidad como nuevo magistrado del Tribunal Superior.
José Pablo Abreu Sacramento es hijo de Xavier Abreu Sierra, exalcalde de Mérida.
¿Por qué se oponen al nombramiento de Luis Armando Mendoza Casanova?
Como publicó Diario de Yucatán, colectivos, agrupaciones y sindicatos se oponen al nombramiento de Luis Armando Mendoza porque es un presunto agresor de mujeres y, cuando fungía como juez de Control, emitió resoluciones contrarias a la protección de la niñez.
Ayer lunes 11 un nutrido grupo de mujeres de diversas agrupaciones exigió a los integrantes del Poder Legislativo que acataran la Ley 3 de 3.
La Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular o ser funcionarios públicos a personas que recibieron sentencias por violencia familiar, delitos sexuales y a los deudores de pensiones alimentarias.
Opinaron que incluir a Luis Armando Mendoza envía a la sociedad un mensaje negativo, sobre todo a las mujeres y a las víctimas de violencia.
Fuentes: Diario de Yucatán.
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