Exigen se investiguen a fondo fraudes en Infonavit Yucatán

Dos meses después de que llevó a la tribuna del Congreso del Estado el tema de los fraudes en el Infonavit, el diputado Javier Osante Solís pide que se investiguen los escándalos que se han destapado en Yucatán en torno a esa institución.

Y, de confirmarse delitos, que se castigue a los culpables de malversar recursos públicos, demanda.

El legislador indica que hay suficientes evidencias que incriminan a Rogerio Castro Vázquez, exsecretario general y jurídico del Infonavit, y éste no puede evadir su responsabilidad.

Hace notar que el nombre del actual delegado de Bienestar en Yucatán asoma en los fraudes de empresas constructoras contra derechohabientes de Umán, Kanasín y Hunucmá, porque avaló con su presencia la entrega de viviendas sin servicios o inconclusas.

Ahora, subraya, está involucrado en un claro conflicto de intereses.

“Ya quedó claro que firmó contratos a favor de un socio de su hermano y esto es un pleno conflicto de interés”, añade. “Como diputado local exijo a las autoridades que se investigue y llegue al fondo del asunto, porque están jugando con los ahorros de los trabajadores”.

“Es grave que tomen dinero del presupuesto público, pero en este caso es más grave, mucho más grave, porque son recursos de las aportaciones de los trabajadores y de la parte patronal”.

Las primeras quejas

En semanas recientes hemos publicado amplia información de las protestas de vecinos de Umán, Kanasín y Hunucmá por el incumplimiento de empresas que edificaron casas financiadas por el Infonavit, así como de la entrega de contratos dudosos a un socio del hermano de Rogerio Castro.

En el caso de las protestas, los derechohabientes defraudados recuerdan que Rogerio Castro presidió la entrega de casas en Umán junto con directivos de las constructoras.

En cuanto a los contratos irregulares, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, ha publicado pruebas de la participación del exsecretario general del Infonavit en la asignación de convenios a un socio de su hermano por prestación de servicios.

La semana pasada, el funcionario federal calificó “de mala leche” nuestras publicaciones y aseguró que no ha cometido delitos, a pesar de que documentos oficiales lo contradicen.

“Tenía conocimiento”

En una entrevista, Javier Osante recuerda que en febrero pasado denunció en la tribuna del Congreso el fraude del que fueron víctimas numerosas familias en Umán, a las que el desarrollador entregó casas sin terminar o sin los servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable.

“Es un proyecto que se autorizó en la época en que Rogerio Castro era secretario general del Infonavit”, apunta. “Entonces, ¡claro que tenía conocimiento!”

El diputado de Movimiento Ciudadano señala que, desde su punto de vista, también en este asunto hay conflicto de intereses porque un integrante de la familia Mañé Uribe, ligada a la constructora incumplida “aunque se sabe que ya están cambiando accionistas”, es funcionario del Infonavit en Yucatán.

“Pido a las autoridades correspondientes, al gobierno estatal y al gobierno federal, que tomen cartas en el asunto porque hay numerosas familias afectadas”, enfatiza.

Hace hincapié en que el reglamento interno del Infonavit es claro sobre las funciones del secretario general. Entre otras, tiene a su cargo las secretarías de la Asamblea General, del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia.

“En el Consejo se autorizan los proyectos y en la Comisión de Vigilancia se revisa el buen uso de los recursos”, explica. “Entonces, ¡claro que tuvo conocimiento!”

“Mañaneras” sin eco

También recuerda que en las “mañaneras” tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, han denunciado actos de corrupción cometidos en el instituto a nivel nacional y en las delegaciones estatales, pero, hasta donde se sabe, nada se hace para investigar.

Uno de esos casos se cometió en Yucatán, prosigue, con el fraccionamiento Paseos de Carzabela en Kanasín. Entiendo que autorizaron un proyecto (en la recta final del sexenio 2012-2018), pero nunca se hicieron las casas. Lo mismo pasó en Campeche y otros estados.

Osante Solís señala que lo más grave es que ahora se sabe que Castro Vázquez firmó contratos de prestación de servicios a favor de un socio de su hermano, lo cual constituye mucho más que una falta administrativa.

En ese asunto, continúa, hay un conflicto de interés, pero surge otro aspecto de corrupción porque la oficina del secretario general fue la que solicitó los servicios y, además, debía supervisar los trabajos.

“Al final del día es un claro acto de corrupción y por eso exigimos a las autoridades correspondientes que se investigue y se llegue al fondo del asunto”, insiste. “Hay que pasar de las ‘mañaneras’ y los discursos a los hechos, sobre todo en estos temas tan graves y delicados”.

Dinero de programas

Más adelante, el diputado de MC indica que Rogerio Castro es ahora delegado de Bienestar y, como tal, es responsable del manejo de mucho dinero de los programas sociales federales.

“Si ya lo hizo una vez (se refiere a las irregularidades en el Infonavit), hay que pensar que lo puede hacer una segunda vez”, puntualiza. “Fue compromiso del presidente anterior acabar con la corrupción y, sobre todo, con la impunidad que impera en México, pero esto no se cumple”.

Considera que el caso de Rogerio Castro demuestra que, lejos de castigarse los actos de corrupción, se premia a los autores con otro cargo, donde se manejan cuantiosos recursos.

“¿En manos de quién está el recurso federal que le está llegando a Yucatán por medio de la delegación de Bienestar?”, pregunta. “Lo que pido es que se investiguen las denuncias de fraudes y desvíos y se castigue a los culpables”.

El entrevistado dice que espera que los demás legisladores yucatecos de oposición también levanten la voz y exijan una investigación a fondo y castigo a quienes hayan desviado recursos de los trabajadores.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Fuente: Diario de Yucatán