Los feminicidios en Yucatán comienzan a normalizarse en el imaginario colectivo, a pesar de que los casos no son tan numerosos en comparación con otros estados del país, advirtió Gina Villagómez Valdés, investigadora social de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
La especialista analizó esta preocupante tendencia y señaló que el caso reciente ocurrido en Ticul refleja con claridad la gravedad del problema.
A diferencia de otras regiones del país donde los feminicidios suelen estar relacionados con el crimen organizado o con fenómenos migratorios, en Yucatán la mayoría de los casos se registran en el contexto de relaciones de pareja, explicó.
La situación, añadió, es aún más compleja y preocupante para las mujeres mayas que habitan comunidades rurales.
Estas mujeres enfrentan una doble vulnerabilidad: son pobres y viven aisladas en sus comunidades, rodeadas de una cultura que perpetúa la violencia. Además, Yucatán mantiene un alto índice de violencia sexual contra menores, lo que agrava su condición, subrayó.
Gina Villagómez consideró que uno de los mayores desafíos en el Estado es la falta de conocimiento y apoyo hacia las mujeres mayas.
Sus condiciones de vida son de extrema vulnerabilidad, no solo por la pobreza, sino por el aislamiento y las creencias tradicionales que las mantienen atadas a roles de sumisión, lo que las convierte en presas fáciles de agresores, señaló.
Instituciones consultadas coincidieron con este análisis y agregaron que las mujeres mayas enfrentan múltiples barreras para acceder a la justicia, entre ellas la falta de personal que hable lengua maya, la discriminación racial, el desconocimiento de sus derechos y la ausencia de una perspectiva intercultural en la atención.
Falta de respuesta efectiva
La falta de sensibilidad cultural y de protocolos adaptados impide una respuesta efectiva ante la violencia, perpetuando la revictimización y la impunidad.
También advirtieron que los feminicidios en zonas rurales suelen tener antecedentes de violencia prolongada: abuso físico, psicológico, económico y sexual.
Los agresores tienden a ejercer un control más intenso y violento, con ataques extremos como persecuciones o mutilaciones que evidencian un contexto de violencia estructural y una impunidad casi total.
La investigadora recordó que Yucatán figura entre los estados con mayores índices de violencia familiar y sexual contra niñas, niños y adolescentes, además de registrar numerosos embarazos infantiles y múltiples embarazos antes de los 20 años.
Estas condiciones culturales convierten a muchas mujeres en víctimas de violencia de pareja, sobre todo si se considera el alto índice de alcoholismo masculino. La prevención en comunidades rurales sigue siendo una materia pendiente para las autoridades, así como el diseño de políticas públicas y acciones afirmativas focalizadas que ataquen el problema desde la raíz, indicó.
La profesional agregó que tampoco existe un sistema eficiente de atención ni de sanción.
En este rubro, la Secretaría de las Mujeres es un cero a la izquierda, expresó con firmeza.
Los feminicidios tienen un origen múltiple y están profundamente enraizados en una cultura de género misógina y patriarcal que aún persiste, explicó.
Esta cultura, reproducida en todas las clases sociales, define lo que se espera de las mujeres: que no cuestionen el sistema social y familiar, que se sometan a los valores tradicionales y que privilegien el rol materno y el cuidado de los demás por encima de su propia vida, abundó.
Feminicidios en Yucatán, desde el ámbito familiar
A diferencia de otras regiones del país, en Yucatán la mayoría de los feminicidios se cometen en el ámbito familiar, reiteró.
Las mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que refleja el aumento de la violencia doméstica. Yucatán presenta uno de los índices más altos de disolución conyugal, lo cual demuestra que las mujeres ya toman decisiones conscientes de romper con relaciones violentas, afirmó.
La investigadora también abordó lo que denominó crisis de la masculinidad, un fenómeno que, dijo, se agudiza en la entidad por la precariedad laboral y los bajos salarios.
Yucatán tiene los sueldos más bajos del país, lo que genera tensiones en las relaciones de pareja y contribuye a los altos índices de violencia familiar, apuntó.
Respecto a los avances en el combate al feminicidio, destacó que el delito ya está tipificado como grave y contempla penas severas para los agresores.
El estado cuenta con un protocolo de actuación ministerial con perspectiva de género en las investigaciones. Las yucatecas tienen hoy más herramientas para identificar y denunciar la violencia, y existen instancias como la Fiscalía General del Estado y el Instituto Municipal de la Mujer que brindan atención, concluyó.
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Fuente: Diario de Yucatán
