Grave denuncia en la Alianza de Camioneros de Yucatán por mal uso de recursos

Un grupo de 20 socios expulsados de la Alianza de Camioneros de Yucatán exigió ayer al presidente de esta empresa, Xavier Arturo Rodríguez Berzunza, transparencia y rendición de cuentas en la operación financiera y administrativa en este proceso de extinción de Camioneros Unidos, razón social de la empresa.

En rueda de prensa, el abogado Gabriel Ramayo Duarte, asesor de este grupo de camioneros inconformes, informó que presentó dos denuncias penales en la Fiscalía del Estado contra Rodríguez Berzunza y su tesorero Alfonso Ramírez Ojeda por mala administración y mal uso de recursos públicos por el subsidio estatal de más de $200 millones que recibió la Alianza.

Hay otra denuncia ante la FGR por el presunto uso de factureras para el lavado de dinero y ante al SAT por la contratación de una supuesta empresa de fachada que emitió en un mismo día y con minutos de diferencia facturas por más de $15 millones por asesoría y redacción de actas de asamblea, algo insólito por el monto del pago. Sin embargo, el abogado tiene la sospecha de que en realidad ese supuesto pago puede ser un desvío de dinero del pago que recibió de Grupo ADO.

Además, solicitó una auditoría federal del SAT a la Alianza por sospecha de operaciones ilícitas de los dirigentes de la empresa.

Ramayo Duarte admitió que las denuncias van muy lentas, quizá porque en estas operaciones está inmerso el poderoso grupo empresarial ADO, que compró a la Alianza, y el gobierno del Estado, que opera el Va y Ven que reemplaza los autobuses viejos de la Alianza.

Descartan protestas de expulsados de la Alianza

Descartó movilizaciones y protestas de este grupo porque la mayoría son personas adultas mayores de casi 80 años, pero insistirá por la vía legal para que sus representados recuperen su patrimonio, sus camiones aunque sean destartalados y obliguen a Rodríguez Berzunza para que rinda cuentas, algo que no hizo durante la década que dirigió la Alianza de Camioneros de Yucatán.

“Necesitamos que se hagan públicas las quejas, dolencias y problemas que sufren algunos socios de Camioneros Aliados, mejor conocido como Alianza de Camioneros”, dijo el abogado Ramayo.

“Después de 90 años de servir a los meridanos, gracias a la mala administración de Rodríguez Berzunza va a desaparecer esta empresa familiar. Este grupo de inconformes son 20, pero deben de ser 400 trabajadores afectados que perderán su fuente de empleo y su patrimonio”, dijo.

Ramayo Duarte afirmó que es un hecho que la ACY entregará pronto todas las instalaciones a Grupo ADO, “que se tragó de un solo bocado” a la Alianza de Camioneros, “que fue víctima de malos manejos”.

Un primer fuerte golpe a la Alianza fue la venta del terreno del encierro de autobuses que tenía frente a la Unidad Deportiva Kukulcán en 2009, donde hoy funciona la plaza comercial del mismo nombre. Supuestamente se vendió para que la Alianza solventara sus problemas financieros, como adeudos al IMSS y al Infonavit, pero no se resolvió y el dinero se gastó sin una rendición de cuentas.

Luego, dijo, el gobierno de Rolando Zapata Bello entregó 70 autobuses del sistema Situr que administró Rodríguez Berzunza, pero no rindió cuentas y cuando empezaron las exigencias de transparencia y rendición de cuentas a los socios, el presidente de la ACY expulsó a 45 socios o les hizo firmar una hoja de renuncia a sus derechos.

“No sólo hubo mala administración en la Alianza, hay un mal uso de casi $200 millones que dio el gobierno en subsidios para que no subieran las tarifas de pasaje”, señaló el abogado.

“El gobierno del estado alega que es un problema entre particulares. No es así; el gobierno entregó dinero público por medio de subsidios y debe investigar cómo se utilizó ese recurso que es una recaudación de todos los mexicanos”.

Mediante una solicitud al Instituto Estatal de Transparencia y Protección de Datos Personales (Inaip), los camioneros obtuvieron información oficial del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) donde confirma que el gobierno del estado entregó a Camioneros Aliados S.C.P. subsidios bajo el concepto de “apoyo al gasto familiar” en los siguientes años y montos: 2020, $86.196,581.44; 2021, $86.901,888.43; 2022, $56.395,812.03; y 2023, $6.069,761.52. Es decir, el gobierno del estado entregó dinero público a la Alianza por un monto de $235.564,043.42.

De todo este subsidio estatal que recibió la Alianza, según dijo Juan Ramírez, uno de los socios expulsados, el tesorero siempre reportó menos millones y no tienen la certeza de que repartieron el recurso a todos los socios.

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Fuente: Diario de Yucatán/Joaquín Chan