Por Luis Carmona.
Entre sus medidas más polémicas se encuentran el impuesto del 8 % a los videojuegos violentos, el aumento de 200 % al tabaco, y el incremento en gravámenes a bebidas azucaradas y apuestas en línea. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estas decisiones como parte de los llamados impuestos saludables, especialistas y analistas fiscales señalan que en realidad se trata de una estrategia de recaudación para sostener los programas sociales de su administración.
El argumento oficial: salud y prevención
Sheinbaum ha insistido en que estos impuestos buscan fomentar hábitos más saludables, disminuir el consumo de productos de riesgo y atender las causas de problemas como obesidad, adicciones y violencia en jóvenes.
“Estos impuestos no son recaudatorios. Son parte de una política de salud y de prevención de la violencia”, declaró la presidenta en conferencia de prensa.
La Secretaría de Hacienda ha calificado la medida como una herramienta para modificar conductas de consumo, al igual que en años anteriores se hizo con el IEPS para refrescos y tabaco.
La otra lectura: recaudación para programas sociales
Sin embargo, economistas y observadores apuntan a que el verdadero objetivo es incrementar la recaudación fiscal. Según estimaciones preliminares, las nuevas medidas aportarían miles de millones de pesos adicionales al presupuesto, recursos que podrían destinarse a financiar programas sociales insignia del gobierno, como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y becas para jóvenes.
El analista fiscal Héctor Villarreal, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), ha señalado que el paquete “no es neutral” y que el gobierno necesita más ingresos para cumplir con los compromisos de gasto, especialmente en programas sociales que seguirán creciendo en 2026.
“El IEPS fue diseñado para desincentivar consumos nocivos, pero en la práctica se ha convertido en una fuente estable de recaudación. Este paquete refuerza esa lógica”, comentó en entrevista con medios.
¿Realmente reducen el consumo?
Estudios previos sobre el impuesto a refrescos y cigarros han mostrado que, si bien hay cierta disminución en el consumo inicial, con el tiempo los consumidores tienden a absorber el aumento de precio, lo que convierte a estos impuestos en un mecanismo de ingreso confiable para el gobierno.
En el caso de los videojuegos, expertos en economía digital advierten que el efecto podría ser similar: un encarecimiento moderado que no detendrá el consumo, pero que aumentará la carga fiscal para consumidores y empresas.
Críticas y preocupación por el impacto
Críticos señalan que este tipo de medidas terminan afectando principalmente a la clase media y baja, quienes destinan una mayor proporción de su ingreso a consumo y entretenimiento. Además, advierten que el gobierno no ha presentado un plan integral para evaluar el impacto real de estas medidas en salud pública.
El politólogo José Antonio Crespo subrayó que el discurso de salud es útil para justificar impuestos que en realidad buscan cerrar el boquete presupuestal:
“No hay una política pública de prevención que acompañe estas medidas. Si el problema es la violencia o la obesidad, no basta con cobrar más; se necesitan campañas de información, educación y atención médica accesible.”
El Paquete Económico 2026 reabre el debate sobre el papel de los llamados impuestos saludables. Aunque el gobierno los presenta como parte de una política de bienestar, para muchos analistas representan una vía rápida para obtener recursos en un año en que los programas sociales serán clave para el proyecto político de la administración federal.
La discusión apenas comienza: ¿es legítimo que el Estado use estos gravámenes para financiar apoyos sociales, o debería buscar mecanismos de recaudación más progresivos y transparentes?
Un factor poco discutido es la propia conciencia del consumidor. Aun cuando las personas saben que ciertos productos afectan su salud o su bolsillo, muchos están dispuestos a seguir consumiéndolos, incluso si eso implica pagar más. Un ejemplo claro es el de las bebidas azucaradas: hace algunos años, la presentación más grande costaba alrededor de 25 a 30 pesos, y la gente lo compraba aun sabiendo sus efectos negativos. Hoy en día, su precio se encuentra entre 30 y 45 pesos y, a pesar del aumento y de la mayor información sobre sus riesgos para la salud, el consumo prácticamente no ha disminuido. Bajo esta lógica, el Paquete Económico 2026 podría interpretarse como una forma de capitalizar esa conducta: el gobierno reconoce que el consumo difícilmente desaparecerá y, aunque en el discurso oficial se promueve la moderación, en la práctica la medida asegura ingresos adicionales al aprovechar que los ciudadanos absorberán el aumento de precios para mantener sus hábitos.
