La iniciativa fue promovida por el colectivo S3D (Salud, Dignidad, Derechos y Diversidad).
Gerardo Cabrera Reséndiz, dirigente de la organización, explicó que el objetivo es eliminar de las leyes cualquier elemento que fomente la criminalización o trato desigual hacia este sector, incluso planteando ajustes que podrían impactar disposiciones a nivel constitucional.
El activista señaló que, tanto en Yucatán como en otras partes del país, persisten prácticas de estigmatización que afectan los esfuerzos de prevención. También subrayó la necesidad de actualizar el lenguaje utilizado en marcos legales y discursos institucionales, evitando términos incorrectos como “contagio”, ya que el VIH se transmite, no se contagia en el sentido tradicional.
En caso de aprobarse, la entidad se sumaría a otros estados como Colima y el Estado de México que ya han avanzado en este tipo de legislación.
Casos de discriminación que continúan ocurriendo
Aunque no existen registros oficiales de procesos de criminalización en Yucatán, el representante del colectivo indicó que sí se presentan situaciones frecuentes de discriminación. Entre ellas mencionó el trato diferenciado en servicios de salud, obstáculos en el acceso a empleo y actitudes de rechazo social, muchas veces originadas por la desinformación.
Añadió que la propuesta ha sido bien recibida por las distintas fuerzas políticas del Congreso, que han planteado ajustes sin perder de vista el objetivo central: asegurar condiciones de igualdad y una vida digna para las personas con VIH.
Asimismo, destacó que este avance es resultado del diálogo entre activistas y legisladores, lo que permitió que el tema fuera llevado recientemente al pleno, donde obtuvo respaldo y opiniones positivas, además del apoyo de diversas organizaciones civiles.
Por otro lado, cuestionó la falta de participación del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, al considerar que no ha asumido un papel activo en la defensa de este grupo.
Indicó que, pese al tiempo transcurrido en la actual administración, no se ha emitido una postura clara por parte de dicha institución frente a estos casos.
En contraste, reconoció el acompañamiento brindado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la cual ha ofrecido orientación a personas afectadas, aunque sin facultades para sancionar.
Redacción: Yucatánalamano.
