Instituto electoral de Quintana Roo, en contra del Plan B de AMLO

La reforma electoral federal afecta a los organismos que velan por las elecciones locales.

El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) trabaja en la elaboración de una controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral federal, al considerar que es extremadamente perjudicial para los organismos que velan por las elecciones locales.

Ruby Pacheco Pérez, presidenta del Ieqroo, explicó que por acuerdo del Consejo Electoral decidieron interponer una controversia constitucional en contra de esta reforma promovida por el Poder Ejecutivo Federal.

De entrada, el organismo estatal presentó un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque al igual que muchos asuntos relacionados en todo el país, fueron declarados con alguna causal de improcedencia.

“Estas acciones jurídicas forman parte de un esfuerzo nacional para dar a conocer las inconformidades que existe respecto a estos cambios, como el consecuente despido de personal para el Instituto Electoral de Quintana Roo”, señaló.

Mencionó que otra afectación de la reforma que les preocupa tiene que ver con el servicio profesional en las áreas desconcentradas, ya que esto podría impactar la debida instalación de las casillas o el cómputo de los votos.

“Si se disminuye al mínimo el servicio profesional electoral contaremos cada vez con menos personal calificado. Esto obviamente va a repercutir de manera negativa en la organización de los comicios, afectando sus principios básicos como imparcialidad y profesionalismo”, comentó.

En la sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar la causal de improcedencia en decenas de juicios electoral promovidos en el país.

Entre ellos se encuentra el expediente JE-599/2023 presentado por el Instituto Electoral de Quintana Roo en contra del Congreso de la Unión.

De acuerdo con los magistrados “no existe un acto individualizado que afecte de forma directa y personal a las personas accionantes, ya que se imputa en abstracto la no conformidad de la constitución federal del decreto controvertido”.

Fuente: Novedades Quintana Roo