Cuatro de las seis bancadas del Congreso del Estado se manifestaron a favor de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión mediante la cual, se dice, se aprobaría “espiar” los teléfonos.
Como se informó, el pasado sábado por la noche el Senado aprobó esta ley, con la cual las compañías de telefonía deberán identificar a cada usuario con datos que el gobierno podrá consultar en tiempo real.
También se crea una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que dependerá de la Agencia de Transformación Digital, cuyos cinco integrantes serán designados por la Presidencia de México.
Se buscó la opinión de los representantes de las seis fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado para conocer sus posturas.
Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y coordinador de la bancada morenista, expresó:
“Lo que hay que aclarar, como ya ha mencionado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, es que con esta ley no se espía; inclusive el texto de la nueva ley de telecomunicaciones en lo relativo a la colaboración de los operadores de telecomunicaciones con las autoridades de seguridad y justicia se mantiene exactamente igual a la ley de la materia de 2014 que fue aprobada por el PAN y PRI”.
“Es decir, se establece que para que las compañías telefónicas brinden información de la localización geográfica y en tiempo real tendrá que ser si hay un mandato escrito, fundado y motivado por la autoridad competente. Esto responde a temas de cooperación para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.
Chips telefónicos
Luego reiteró que esta reforma no vulnera la privacidad, sino que la fortalece al dotar al Estado mexicano de herramientas eficaces para enfrentar amenazas tecnológicas, el cibercrimen y la desinformación.
“Por otro lado, la identificación responsable de usuarios de líneas telefónicas no es un acto de vigilancia, sino una medida preventiva que ya opera en países como Alemania, España y Francia, con resultados positivos”.
“Su objetivo es cerrar el paso al uso anónimo de chips telefónicos, comúnmente utilizados para actividades ilícitas, permitiendo así una respuesta más ágil y efectiva por parte de las autoridades”.
Respecto a la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, mencionó que dependerá de la Agencia de Transformación Digital, pero no se trata de un organismo de espionaje, sino de un ente técnico que se encargará de la supervisión y regulación del sector, promoviendo una relación moderna, transparente y soberana entre el Estado y el ecosistema digital.
“Con esta reforma se busca garantizar que las tecnologías de la información y comunicación se utilicen para proteger a la población y fortalecer la soberanía digital, siempre bajo el respeto a los lineamientos constitucionales y con un enfoque técnico, no político”, afirmó.
Una ley sin límites claros
Roger Torres Peniche, coordinador de la bancada del PAN, dijo que las leyes en materia de telecomunicaciones en México aprobadas recientemente, a las que por sus características se les denominó “Ley Espía”, no pasaron el reto de equilibrar el derecho a la privacidad y libertad de expresión con la necesidad de garantizar la seguridad nacional y el orden público.
“Desgraciadamente la solución morenista una vez más concentra el exceso y el control total, y la vulneración de los derechos humanos y ciudadanos, pues se han identificado amenazas y desventajas asociadas con el marco legal y sus aplicaciones”, afirmó.
El panista precisó que entre esas amenazas en materia de telecomunicaciones destacan la vigilancia excesiva del Estado, la retención de datos personales, posibles medidas de censura y falta de neutralidad de la red.
En materia de seguridad, señaló que los puntos a destacar son la militarización de tareas civiles, el uso político de la seguridad, la ambigüedad en el concepto de “amenaza de seguridad nacional”, y la falta de controles judiciales.
Respecto a las desventajas generales, Torres Peniche reveló que hay una ambigüedad legal que permite interpretaciones amplias y arbitrarias.
A su decir, eso genera inseguridad jurídica, una débil supervisión institucional, así como falta de contrapesos reales y de órganos autónomos con dientes para sancionar abusos.
En su opinión, hay una escasa protección de derechos digitales, la privacidad y la libertad en línea están desprotegidos o desactualizados, además que falta participación ciudadana, las reformas a estas leyes suelen hacerse sin alguna consulta pública real, lo que limita su legitimidad.
Como ejemplo mencionó que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) fue declarado inconstitucional por obligar a los usuarios a entregar datos biométricos para obtener una línea telefónica.
Ello, dijo, fue una clara amenaza a la privacidad y seguridad de los datos personales y a pesar de todo la 4T lo hace de nuevo, cada día más cerca del autoritarismo total y la opacidad, antesala a un régimen de dictadura partidista, refirió.
Medida peligrosa
Para Gaspar Quintal Parra, de la bancada del PRI, la aprobación del dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión con el cual las compañías de telefonía estarán obligadas a identificar plenamente a cada usuario, con datos que podrán ser consultados en tiempo real por el gobierno sin necesidad de orden judicial previa bajo la justificación de “seguridad” o “eficiencia digital” no solo es desproporcionado, sino que puede ser peligroso.
“Es sin duda una práctica de vigilancia masiva, abiertamente contraria a los principios democráticos y a los derechos humanos, sobre todo en lo que respecta al derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la libertad en general”.
Para el PRI, manifestó, la sola extinción del organismo garante de transparencia es un retroceso a la democracia, que impactó a la entidad que se vio forzada a la adecuación normativa sin que el argumento sea lo suficientemente sólido.
“Tenemos serios cuestionamientos sobre la garantía del derecho a la transparencia y acceso a la información pública, (dado que) a la vez sea sujeto obligado y titular del órgano”, comentó.
Según opinó, los argumentos que sostienen estas propuestas son en contra de la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas como parte del derecho a la información, por lo cual su posicionamiento sostiene que los mecanismos que se plantean permiten el abuso de poder, la persecución de los que no piensan a modo y la persecución política.
“Además, la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones subordinada a la Agencia de Transformación Digital, cuyos cinco integrantes serán designados directamente por la Presidencia, refuerza la concentración de poder y elimina cualquier forma de independencia o contrapeso institucional”.
“El PRI sostiene que la seguridad no debe sobreponerse a los derechos humanos y por ello se manifiesta en contra de esta reforma”, puntualizó.
Descartan espionaje
Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM, precisó cuestiones sobre la ley:
1.— Es totalmente falso que se busque espiar a los usuarios de las líneas telefónicas. La propuesta atiende a una situación en que alguna persona que haya cometido algún delito, y siempre mediando un escrito completo y justificado por algún juez de instancias penales correspondientes, se pueda solicitar a la empresa de telefonía el registro de alguna línea que esté a nombre del imputado y por esa vía dar con ella y complementar una orden dentro de un proceso judicial.
2.— La solicitud del registro de biométricos no atiende a nada más que el registro que se hace en cualquier banco o dependencia gubernamental para la apertura de cuentas o la expedición de documentos oficiales, como la credencial para votar, una licencia o un pasaporte.
“No son registros nuevos, ya que todo eso existe actualmente; exclusivamente es que una autoridad mediante un escrito oficial y siendo parte de un proceso judicial penal pueda solicitar la información”, expuso.
Francisco Rosas Villavicencio, diputado del PT, reveló que “es importante dar a conocer la fortaleza y garantías de libertad de expresión que otorga esta nueva ley, sobre todo para los pueblos originarios que siempre estuvieron al margen de cualquier avance e innovación tecnológica”.
También lamentó que la oposición busque crear en el imaginario, como lo dice el senador Marín, “un big brother”, donde les quieren hacer creer que los vigilarán segundo a segundo, no es así.
Los mismos términos fueron aprobados desde 2014 en la misma ley por la mayoría prianista que entonces controlaba el quehacer legislativo. “Es lamentable que una vez más la oposición denoste el avance y vanguardia a la que debe estar la Nación”.
Cambios en la iniciativa
El legislador refirió que son una oposición responsable, que siempre busca lo mejor para la ciudadanía.
Añadió que “en este caso, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es la excepción. Nuestro voto fue a favor, ya que se obtuvieron cambios a la propuesta original presentada por el Ejecutivo federal, como eliminar el registro de usuarios de teléfono móvil, aunque sí se tendría que identificar para adquirir un chip, a fin de inhibir el acceso de grupos delictivos”.
“Reconocemos los avances y mejoras en el dictamen respecto a la iniciativa original, las adecuaciones pueden considerarse una victoria de la ciudadanía, logrado mediante parlamento abierto”, dijo. “Pero nos mantendremos vigilantes para que se hagan las cosas bien y combatir la delincuencia con estas nuevas herramientas, la época de ‘abrazos, no balazos’ se acabó y celebramos las detenciones contra el ‘huachicol’ que en el sexenio pasado no se dieron”.
Fuente: Diario de Yucatán
