Miguel Ángel Martínez, presidente de Poder Migrante Mexicano, advierte que en el primer trimestre del año se registró un descenso de entre 5 y 6 por ciento en el ingreso de remesas, respecto al mismo periodo del año pasado.
“El Banco de México está estimando entre 5 y 6% la reducción del flujo de dinero que entra a México, no solo en Yucatán sino a nivel nacional”, subraya.
“Tenemos el deseo y la esperanza de que repunte, de que ya no siga bajando sino que vuelva a crecer el envío de remesas”, señala el dirigente de la organización.
Precisa que el Banco de México no publica cifras del primer trimestre de forma inmediata, sino que entrega los datos globales al cierre de cada semestre y al término del año.
Martínez expone que la disminución de las remesas se refleja directamente en el poder adquisitivo de miles de familias yucatecas.
Sin embargo, advierte que existe un factor adicional que agrava la situación: la apreciación del peso frente al dólar.
Dolarización
“Hay algo más serio que nos está afectando: la dolarización. El peso está ganando terreno frente al dólar. El tipo de cambio pasó de 20.46 pesos por dólar en 2025 a 17.90 pesos actualmente, lo que representa una recuperación del peso de aproximadamente 12%. Eso nos alegra a quienes vivimos aquí, pero ¿qué ocurre en la práctica?”, cuestiona.
Explica que los beneficios de esa apreciación llegan principalmente al empresario que importa productos en dólares, pues ahora los adquiere a 17.90 pesos.
“Y a pesar de comprar más barato en términos de pesos, el empresario no reduce el precio de esos productos en el mercado mexicano, lo mantiene. Es decir, obtiene una ganancia extra: vende al mismo precio que fijaba cuando el dólar costaba 20 pesos. Ahí hay un claro beneficio para el sector empresarial”, detalla.
“Pero ahí viene lo malo”, advierte Martínez. Las familias que dependen de las remesas recibían el año pasado alrededor de 20,000 pesos mensuales. Hoy, con el dólar a 17.90 pesos, reciben cerca de 17,000 pesos. Hay una merma real en su ingreso para comprar bienes y servicios. Ya no les alcanza el dinero”.
A eso, agrega, se suma una inflación de entre 3 y 4 por ciento. “Y con las alzas en el precio del maíz y el combustible, la inflación seguirá subiendo. El poder adquisitivo de estas familias es tan bajo que pronto empezaremos a ver problemas socioeconómicos en el estado”.
El dirigente cuestiona abiertamente la inacción gubernamental: “¿Qué está haciendo el gobierno para resarcir esta pérdida? ¿Qué programa o iniciativa existe para restituirles esos recursos? Mínimo están recibiendo 3,000 pesos menos al mes, solo por el efecto cambiario. Y encima está la inflación, que no para de crecer”.
Causas de la baja
Martínez explica que otra causa importante de la caída en las remesas es la ola de deportaciones en Estados Unidos.
“Están deportando a paisanos en situación irregular. El 60 por ciento de los 250,000 yucatecos que radican en ese país son indocumentados. El 40% restante logró regularizar su situación migratoria, pero el 60% vive escondido, temeroso de salir a la calle por miedo a ser detenido por las autoridades migratorias”, dice.
Ese temor, señala, tiene un impacto económico directo. “El que mandaba 1,000 dólares al mes ahora manda 600 o 700, porque trabaja menos. Viven hacinados, hasta 10 o 15 personas en un cuarto, para reducir gastos de vivienda y poder enviar algo a sus familias. Es justificable la lucha de ese hombre por los suyos, pero ¿qué hace su gobierno por ellos?”.
Subraya que en 52 municipios de Yucatán, donde se tiene identificada presencia de familias de migrantes ya se comienza a sentir el impacto de la merma en las remesas y la inflación.
“Y nadie les está prestando atención. Hemos preguntado a este gobierno si tiene algún programa para atender esta necesidad económica. No existe. Son simples observadores. No hay una sola iniciativa de ley para crear un fondo de apoyo a esas familias”.
Martínez advierte que la omisión gubernamental puede derivar en consecuencias graves. “Si el gobierno no atiende esta problemática, quien la va a resentir es la sociedad civil, y eso puede convertirse en violencia. Y la violencia destruye cualquier sociedad en paz”.
El dirigente propone crear programas sociales de apoyo directo. Cita como ejemplo lo que hace el gobierno de la Ciudad de México, que distribuye garrafones de 20 litros de agua purificada a cinco pesos entre familias vulnerables.
“Quizá se vea como algo electorero, pero es un beneficio directo. Acá en Yucatán no se está tomando ninguna medida”.
También señala que desde hace tiempo le han solicitado al gobierno apoyo para generar proyectos de desarrollo agrícola en los municipios, sin obtener respuesta.
“Quieren que la sociedad lo haga sola. Pero la sociedad y los empresarios todavía no tienen cultura de la donación, y por eso organizaciones como la nuestra no pueden avanzar en sus proyectos”.
Otro problema que afecta a las familias de los migrantes, apunta, es el costo del transporte entre los municipios y la ciudad de Mérida.
“Vienen a consultas médicas, a comprar víveres, a trámites escolares. Un viaje de ida y vuelta, de Peto a Mérida por ejemplo, cuesta 200 pesos. Nadie les da un descuento, no hay una credencial social que les permita pagar menos, como sí existe para otros grupos. Hemos pedido esa credencial al gobierno, tanto en la administración del gobernador Mauricio Vila como en la actual, que se proclama voz del pueblo y Renacimiento Maya, y no hemos obtenido ninguna respuesta positiva”, lamenta.
Función limitada
Respecto al papel del Indemaya, Martínez reconoce que el organismo cuenta con un área de atención a migrantes, pero considera que su función es limitada.
“Se enfocan en documentación: regularizar a hijos de yucatecos nacidos en el extranjero. Está bien, pero eso no genera recursos ni resuelve la crisis económica que viven estas familias”.
El dirigente ve una oportunidad en el programa federal de trabajadores agrícolas temporales que opera Estados Unidos, que permite a trabajadores mexicanos ir a laborar en el campo por tres meses, con vivienda, salario y transporte pagados, y sin complicaciones migratorias.
“Es una ley federal estadounidense, no un programa cualquiera. Pero actualmente solo opera en Puebla, Guanajuato, Oaxaca y quizá Chiapas. ¿Por qué no en Yucatán, si aquí también hay necesidad? ¿Por qué ninguna autoridad gestiona ese trámite?”
Poder Migrante Mexicano ya inició acercamientos con los consulados de México y Estados Unidos para explorar ese mecanismo.
“Los que quieran trabajar en el campo agrícola estadounidense, en la cosecha de frutas y otros productos, pueden hacerlo de manera legal. Nosotros los orientamos y acompañamos, sin cobrarles un peso. La ley lo prohíbe y nosotros lo rechazamos categóricamente. No somos coyotes. Nuestra misión es apoyar al migrante que está allá y a las familias que están aquí”, concluye.
Fuente: Diario de Yucatán
